El Vaupés, hogar de una población donde el 85 por ciento son indígenas, enfrenta una dura realidad: la segunda tasa más alta de intentos de suicidio del país. Esta preocupante situación, que afecta especialmente a los pueblos originarios, se agrava por la falta de un enfoque diferencial en salud que aborde eficazmente este flagelo, según revela un estudio de la Contraloría General de la República.
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, los municipios de Taraira y Mitú en Vaupés presentan tasas alarmantes de intentos de suicidio, con 325,5 y 237,8 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente, cifras que superan significativamente la media nacional de 77,3 casos por cada 100 mil habitantes en el año 2023.
Este sombrío panorama refleja la ineficacia del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) en el Vaupés. A pesar de los esfuerzos por establecer este sistema como política de salud para los pueblos indígenas, los últimos tres Planes Nacionales de Desarrollo han incumplido esta meta. Durante los últimos 12 años, el Ministerio de Salud asignó recursos considerables para el desarrollo del SISPI, pero con escaso control y seguimiento de su implementación.
La evaluación realizada por la Contraloría revela deficiencias alarmantes en la asignación y uso de los recursos destinados al SISPI. Los fondos fueron entregados sin criterios técnicos claros, y la mayoría de los modelos de salud indígena apenas han recibido una inversión sostenida. En el caso del Vaupés, recibió menos del 1% de los recursos asignados, lo que evidencia una distribución inadecuada e inequitativa de los fondos públicos.
Otro aspecto preocupante es la falta de seguimiento y control sobre los avances y resultados de los modelos de salud indígena. La Contraloría identificó importantes falencias en la evaluación de los logros en salud, la articulación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y el desarrollo de la medicina ancestral propia.
Además de las deficiencias en la implementación del SISPI, la Contraloría identificó que los recursos asignados no guardan coherencia con los territorios donde se presentan las mayores brechas en salud de la población indígena. Por ejemplo, para el departamento del Vaupés, con el mayor porcentaje de población indígena del país, se asignaron apenas $444 millones, lo que representa menos del 1% del total destinado a modelos de salud. Esta distribución inadecuada de recursos podría contribuir a agravar las condiciones de salud en regiones ya vulnerables.
Otro punto crítico es la falta de regulación del SISPI, a pesar de haber sido creado mediante el Decreto Ley 1953 de 2014. Esta ausencia de un marco normativo claro dificulta su operación efectiva y su capacidad para cumplir con su propósito de garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Sin una regulación adecuada, es difícil establecer mecanismos de control y seguimiento que aseguren la transparencia y eficacia en el uso de los recursos destinados a la salud indígena. Es imperativo que el Gobierno Nacional priorice la regulación y puesta en marcha del SISPI, en consulta y coordinación con los pueblos indígenas, para garantizar que se aborden de manera efectiva las necesidades de salud de estas comunidades marginadas.
Ante esta situación, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con los pueblos indígenas, revisen y ajusten el proceso de implementación del SISPI. Es fundamental asegurar que se aborden de manera efectiva las necesidades de salud de las comunidades indígenas, especialmente en regiones como el Vaupés, donde las tasas de suicidio son alarmantemente altas. Solo con un enfoque diferencial y acciones concretas se podrá garantizar el bienestar y la salud de estas poblaciones marginadas.