En los últimos días, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), ha sido objeto de diversas acusaciones que involucran tanto a ella como a su hermano, Andrés Sarabia. La funcionaria, considerada como una de las colaboradoras más cercanas del presidente Gustavo Petro, ha respondido públicamente a estos señalamientos a través de sus redes sociales.
Sarabia calificó las acusaciones como infundadas, afirmando que estas se propagan principalmente a través de cadenas de mensajes en plataformas de comunicación instantánea. En su declaración, la directora del Dapre hizo hincapié en su trayectoria profesional, asegurando que su labor en el gobierno se ha caracterizado por la honestidad y la transparencia.
Las alegaciones contra Sarabia y su hermano han sido difundidas por varios medios de comunicación. Estos informes sugieren la existencia de una presunta red de contratación que involucraría a Andrés Sarabia y a Jaime Ramírez, quien funge como enlace entre el Congreso y la Presidencia. Según las publicaciones, esta red estaría orientada a direccionar contratos públicos y a influir en congresistas para beneficiar a intereses privados.
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En respuesta a estas acusaciones, Laura Sarabia afirmó haber renunciado a la empresa mencionada en las investigaciones antes de asumir su cargo en el gobierno el año pasado. La funcionaria también manifestó su disposición a responder cualquier cuestionamiento, aunque sugirió que detrás de estas preguntas podrían existir intereses ocultos de sectores que buscan su remoción del cargo.
Otro aspecto que ha generado controversia es un viaje realizado por Sarabia, Ramírez y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, a la ciudad de Medellín para asistir a un concierto de la artista Karol G. El hecho de que este desplazamiento se realizara en un vuelo privado ha sido objeto de cuestionamientos, especialmente en relación con un supuesto cambio en el estilo de vida de los funcionarios.
La situación ha generado un debate público sobre la transparencia en la función pública y los vínculos entre funcionarios gubernamentales y el sector privado.