En un encuentro que prometía ser una oportunidad para resolver diferencias, el senador Jota Pe Hernández y la vicepresidenta Francia Márquez se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para una audiencia de conciliación. El motivo del encuentro se originó en declaraciones previas del senador, quien cuestionó públicamente si la vicepresidenta estaba involucrada en las acusaciones hechas por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López.
Hernández se mostró firme en su posición, declarando que no habría conciliación ni retractación de su parte. El senador argumentó que sus acciones están respaldadas por el artículo 6 de la ley quinta, que establece su deber de ejercer control político sobre el gobierno nacional.
El origen de la controversia se remonta a una entrevista en la que Hernández planteó la pregunta sobre si Márquez o la primera dama, Verónica Alcocer, estaban involucradas en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Esta interrogante, según el senador, no fue del agrado de la vicepresidenta, lo que llevó a la situación actual. Hernández insiste en que Márquez debe responder a estas inquietudes, subrayando la importancia de la transparencia en la función pública.
La audiencia de conciliación pone de manifiesto las complejidades del ejercicio del control político en Colombia. Por un lado, se encuentra el derecho y deber de los legisladores de cuestionar y vigilar las acciones del gobierno; por otro, la necesidad de proteger a los funcionarios públicos de acusaciones infundadas que puedan afectar su reputación.