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Senado aprobó proyecto de ley contra el ruido: más herramientas para sancionar

La iniciativa busca establecer políticas públicas para mitigar sus efectos en la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Foto: Alternativa/ Hansel Vasquez

El Senado de la República aprobó recientemente el último debate del proyecto de Ley contra la Contaminación Acústica, una iniciativa que busca regular el exceso de ruido en Colombia. La propuesta, que ha contado con el respaldo del representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, establece lineamientos para la creación de una Política de Calidad Acústica en el país.

Carvalho ha señalado que el objetivo principal de esta legislación es atender un problema creciente de salud pública.

“Este es un fenómeno que tiene implicaciones en la salud física y mental, en la convivencia y en los ecosistemas”,indicó el representante.

Asegura que la normativa actual sobre la contaminación acústica es dispersa y no permite abordar la problemática de manera efectiva.

El proyecto de ley tiene como finalidad garantizar un entorno libre de los efectos nocivos del ruido, protegiendo tanto a las personas como a los ecosistemas. Esto incluye la protección de la fauna, como las aves, que pueden verse afectadas por el exceso de sonido en las zonas urbanas.

La regulación del ruido estará adaptada a las características específicas de cada zona del país.

Según la exposición de motivos del proyecto, las ciudades más ruidosas de Colombia son Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, donde cerca de la mitad de los habitantes se quejan de los niveles de ruido generados en espacios públicos y en viviendas cercanas. Esta situación afecta tanto la calidad de vida de los residentes como su entorno privado.

El proyecto también establece que las entidades nacionales y territoriales deberán encargarse de regular el ruido. A través de políticas de medición, las carteras de Justicia, Defensa y Salud tendrán la responsabilidad de evaluar y controlar los niveles de ruido en las áreas urbanas.

Además, la ley contempla un plazo de 12 meses para que los alcaldes ajusten los Planes de Ordenamiento Territorial, con el fin de mejorar la calidad acústica en sus respectivos municipios y distritos.