El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha iniciado una investigación formal sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, acusada de violar los topes de financiación. La noticia ha generado reacciones entre políticos de diversos sectores, con opiniones encontradas sobre la legalidad de la medida.
Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, celebró la decisión del CNE. Valencia destacó que la Constitución es clara en que quien viola los topes de financiación pierde la investidura, afirmando que “no se puede ni siquiera investigar”. La senadora enfatizó que esta investigación es un paso importante para hacer cumplir la ley.
Por su parte, la senadora Paola Holguín, también del Centro Democrático, consideró que el inicio de esta investigación es lo que muchos ciudadanos esperaban. “Hoy lo que empieza es lo que esperábamos millones de colombianos, la investigación a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez por violación de topes de campaña”, afirmó. Según Holguín, existen pruebas suficientes de donaciones no reportadas tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.
En contraste, desde el oficialismo, el representante Alfredo Mondragón acusó al CNE de actuar de manera inconstitucional al formular cargos contra la campaña de Petro. Según Mondragón, “el Consejo Nacional Electoral está violando la Constitución al pretender formularle cargos no solamente a la campaña del presidente Petro, sino al presidente Petro”. El congresista también expresó que esta acción tiene como objetivo desestabilizar la democracia.
Otro integrante del oficialismo, el representante Heraclito Landinez, se sumó a las críticas hacia el CNE. Landinez coincidió con Mondragón en que el presidente de la República tiene un fuero constitucional, por lo que considera que el CNE no tiene la facultad para investigarlo. Explicó que “es la figura del presidente de la República quien tiene el fuero”, reafirmando que la investigación debería seguir otro curso legal.
Desde el Partido Liberal, el representante Quintero instó a que se respete el debido proceso. En su pronunciamiento, Quintero señaló la importancia de llegar a la verdad en este caso y manifestó que el país está a la espera de los resultados de la investigación. El congresista pidió calma y transparencia en el desarrollo de los procedimientos.
Funcionarios del gobierno también se pronunciaron sobre el caso. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, utilizó sus redes sociales para criticar la medida, calificando al CNE como un “tribunal político”. Asimismo, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, expresó su descontento asegurando que “no permitiremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en las urnas”.