El congresista Óscar Campo expresó su preocupación por la creciente ola de reclutamiento forzado que afecta a cientos de menores en diversas regiones de Colombia. Campo hizo un llamado directo al gobierno de Gustavo Petro para que abandone lo que consideró una “tibieza” en la respuesta a este problema, que afecta particularmente a las comunidades del Cauca. “El gobierno debe dejar de ser tibio ante el drama que enfrentan cientos de familias colombianas”, señaló el representante.
Campo subrayó que la estrategia “Atrapasueños” del Instituto de Bienestar Familiar, destinada a combatir el reclutamiento forzado, no ha logrado frenar el aumento de estos casos. Mientras que en 2023 la Defensoría del Pueblo reportó 184 casos a nivel nacional, en lo que va del 2024, solo en el Cauca se han registrado 190 casos hasta el mes de agosto, sin contar el subregistro estimado en un 30%. “El aumento de los casos es evidente y las familias temen denunciar por las represalias”, explicó el congresista.
El representante también enfatizó que los menores indígenas son los más afectados por este fenómeno. Según un informe de la Universidad Externado, cerca del 50% de los casos reportados involucran a menores indígenas, mientras que un 5% son afrodescendientes. “Cuánto nos duele que, en los combates de las montañas del Cauca, los caídos son menores del departamento, particularmente indígenas”, declaró Campo, haciendo énfasis en la vulnerabilidad de estas comunidades.
La crítica de Campo no se limitó solo a la estrategia institucional, sino que también cuestionó la falta de una respuesta más decidida por parte del gobierno nacional. “Queremos que el gobierno, más allá del discurso, le importen los menores de edad. Este es un tema que ya ha llamado la atención fuera de las fronteras, y debería llamar la atención del Gobierno Nacional”, añadió.
El congresista también hizo un llamado a la acción en las escuelas, sugiriendo que se implementen campañas preventivas dentro de los colegios para evitar que más niños y niñas caigan en las redes de los grupos armados ilegales. “No podemos seguir permitiendo que nuestros niños sean víctimas de este flagelo”, subrayó el representante.
El aumento del reclutamiento forzado es un problema que ha alarmado a organizaciones defensoras de derechos humanos, que han señalado la insuficiencia de las políticas actuales para enfrentar esta problemática. La preocupación de Campo se suma a la creciente presión sobre el gobierno para que adopte estrategias más eficaces que garanticen la protección de la infancia en las regiones más afectadas por la violencia.
El congresista cerró su intervención reiterando su llamado a una acción más decidida del gobierno, señalando que el futuro de miles de niños y niñas colombianos depende de una respuesta firme ante esta crisis.