¿Quién va a fabricar los pasaportes de los colombianos a partir del próximo mes de octubre? Ni el propio Gobierno lo sabe. Ha sido tal, la improvisación en este delicado asunto que ni siquiera el canciller Luis Gilberto Murillo tiene claridad sobre el futuro inmediato con un documento vital para movilizarse fuera de las fronteras del país.
Todo este embrollo tiene su origen cuando el entonces canciller Álvaro Leyva decidió cancelar de manera arbitraria la licitación que se le había otorgado a Thomas Greg & Sons, una vez el Comité Evaluador del Ministerio de Relaciones Exteriores diera el visto bueno y recomendó al ordenador del gasto, adjudicar oficialmente la licitación pública para la elaboración de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, que además llevaba desde el 2007 en el proceso de elaboración y entrega de pasaportes a los colombianos.
“El Gobierno anunció que la Imprenta Nacional con un aliado estratégico se encargaría a partir de octubre de este año de la fabricación de los pasaportes, una imprenta obsoleta, totalmente politizada desde hace años, sin equipos ni materia prima de la calidad que requiere la elaboración de un documento que tendrá que pasar los controles de inmigración a nivel mundial”
Desde entonces, ha pasado un año. La licitación se suspendió, Thomas Greg & Sons metió una demanda multimillonaria que le podrá costar 120 mil millones de pesos a la Nación; los esfuerzos de la Procuraduría General de la Nación para alcanzar una conciliación entre la empresa Thomas Greg & Sons y la Cancillería, han resultado infructuosos; el Gobierno anunció que la Imprenta Nacional con un aliado estratégico se encargaría a partir de octubre de este año de la fabricación de los pasaportes, una imprenta obsoleta, totalmente politizada desde hace años, sin equipos ni materia prima de la calidad que requiere la elaboración de un documento que tendrá que pasar los controles de inmigración a nivel mundial.
Durante este año, los colombianos han vivido entre la incertidumbre de no saber cómo van a poder renovar o sacar por primera vez el pasaporte después del mes de octubre y la pesadilla de lo que han sido estos doce meses tratando de lograr una cita virtual en el portal dispuesto por la Cancillería en una hora caprichosa, cinco de la tarde, sin posibilidad alguna.
Entonces, lograr una cita para el trámite se convirtió en negocio de unos cuantos avivatos que cobran entre 50 y 100 mil pesos por la codiciada autorización para ser atendidos en algunas de las dependencias de expedición de pasaportes. Han sido tantas las quejas de la ciudadanía por estos focos de corrupción que finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la semana pasada que cambiará el viejo software por uno más moderno y seguro. Se necesitó más de seis meses de quejas para lograr este simple procedimiento.
Pero esto solo soluciona una mínima parte del problema. El tema principal sobre quién producirá los pasaportes aún no se sabe. Al cierre de esta edición y después de una reunión convocada por la procuradora, Margarita Cabello a la que asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo y el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, con el fin de evaluar qué plan tenía el gobierno del presidente Petro para suplir el contrato de ampliación de pasaportes que se le hizo a Thomas Greg & Sons por un año y que vence el próximo 3 de octubre, quedó claro por el momento que solo había buenas intenciones y nada concreto.
La primera opción era la Imprenta Nacional. Pero ha sido tanta la improvisación y la pésima calidad en la producción de las cédulas para extranjeros, especialmente venezolanos, que dieron un paso al costado. La gerente, Viviana León sorprendió con sus declaraciones al afirmar que la Imprenta “entraría en la tercera fase” del nuevo esquema de producción de pasaportes. Esa tercera fase, según la funcionaria, es a partir de noviembre de 2025.
¿Y mientras tanto qué? Por el momento, son más especulaciones que realidades. Se ha hablado que hay seis empresas extranjeras especializadas en hacer pasaportes que han ofrecido sus servicios. Entre ellas, alemanas, canadienses, de Países Bajos, francesas e incluso portuguesas. Pero el Gobierno no tiene claro cuál será ese aliado internacional, si es que realmente lo hay.
Todo parece indicar que existe la posibilidad que de nuevo Thomas Greg & Sons continúe produciendo los pasaportes. La compañía recibió a mediados de agosto un correo de la Imprenta Nacional donde le solicitan cotizar la producción de pasaportes.
“Todo parece indicar que existe la posibilidad que de nuevo Thomas Greg & Sons continúe produciendo los pasaportes. La compañía recibió a mediados de agosto un correo de la Imprenta Nacional donde le solicitan cotizar la producción de pasaportes”
Otro paso fue el que dio la propia Cancillería para buscar una reunión con esa compañía y en una mesa de trabajo, poner de nuevo la posibilidad de una conciliación de la multimillonaria demanda que cursa y buscar una salida que permita continuar con el contrato hasta ahora vigente. La razón: el Alto Tribunal de Cundinamarca tiene todos los elementos judiciales para fallar en contra de la Nación. Y la multa para la Cancillería será millonaria, 120 mil millones que por plusvalía pasará de largo por los 200 mil millones de pesos.
De no llegarse a un acuerdo con Thomas Greg & Sons, el canciller Murillo tiene claro que el caos a partir de octubre va a ser incontrolable. Los tiempos no dan para buscar un aliado extranjero y realizar un montaje que requiere de tecnología, tintas y papel de seguridad. La producción de este tipo de papeles es tan exigente como la del Banco de la República para hacer billetes.