Por: Juan Diego Restrepo
Periodista de investigación
El Ministerio de Defensa celebra a través de sus redes sociales: “La Policía Nacional, con el apoyo del Ejército, acaba de destruir en el Nordeste de Antioquia cuatro grandes dragas que alimentaban las finanzas del Clan del Golfo”. El mensaje fue difundido el pasado 11 de marzo, en pleno fragor del paro que realizaban los mineros en el Bajo Cauca antioqueño. Una muestra de autoridad que enconó los ánimos de quienes protestan, desde el pasado 2 de marzo, en esta zona del país.
La quema de dragas y retroexcavadoras destinadas a la minería ilegal ha sido una estrategia de las autoridades militares y de policía adoptada desde un poco más de diez años respaldada por el Decreto 2235 fechado el 30 de octubre de 2012. Esa normativa estableció que en toda aquella exploración o explotación minera que no cuente con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y con licencia ambiental, se destruirá la maquinaria pesada utilizada en esas actividades.
Se intentaba, con esas medidas, contrarrestar un fenómeno ilegal que a la par que destruye importantes ecosistemas naturales, sobre todo hídricos, alimenta las arcas de diversos actores que participan en esa cadena productiva, no sólo la de los grupos armados ilegales.
Expertos en el tema minero consideran que la quema de maquinaria pesada y dragas es efectista y no soluciona el grave problema que genera esa actividad cuando se practica de manera ilegal. Es tan rentable la explotación aurífera que una estructura de esas es fácilmente reemplazada y ubicada de nuevo en algunos afluentes. Es un juego del gato y el ratón.
Un negocio ilegal
¿Existe una reducción de la explotación ilegal de oro desde que en 2012 entró en vigencia la norma que autoriza la destrucción de dragas y maquinaria pesada? ¿Hay informes que indiquen que esa estrategia ha reducido la práctica ilícita? Algunas cifras demuestran lo contrario.
Las minas auríferas han producido, en promedio, 40 toneladas de oro por año en la última década, con variaciones significativas como la del 2020 de 47,6 toneladas. Pero esas cifras podrían evidenciar un subregistro, pues de acuerdo con la Contraloría General de la República el 85 % del oro que está exportando el país es producido de manera ilegal en diversas regiones. Adicional a ello, la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC) estimó en un informe de octubre de 2020 que por lo menos el 66 % de las explotaciones de oro de aluvión son ilícitas.
Lo que ocurre en el Bajo Cauca y en el Nordeste de Antioquia, que se puede extender a regiones como el sur del Chocó y el sur de Bolívar, no puede valorarse de manera simplista, reduciendo el problema a un asunto de ilegalidad que sólo compete a unos “ilegales”.
Un problema de fondo
Analistas económicos llevan varios años planteando que “el problema de ilegalidad e informalidad en la explotación y comercialización aurífera posee más dimensiones y aristas de las que se ven a primera vista”, por tanto, las soluciones deben centrarse, según ellos, en “interrumpir todos, o los más importantes, eslabones de la cadena” y, además, “considerar las condiciones propias de cada región y de los principales actores en la cadena”.
En concordancia con esos análisis, expertos le sugieren al Gobierno, en especial al Ministerio de Defensa, que haga una aproximación comprensiva a las regiones productoras de oro para conocer al fondo la situación y evite demonizar la minera.
En esa búsqueda de soluciones integrales, también reclaman una mirada más eficaz a las comercializadoras y al sistema financiero, pues son actores claves en la cadena del oro.
¿Dónde se queda el dinero que produce el 85 % del oro ilegal exportado? ¿A través de qué canales llegan esos recursos al país?
Un conocedor de este tema me dijo que “el sector financiero puede aportar mucho a mejorar la crisis humanitaria, social y ambiental que se está viviendo en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño”. A su juicio, “el oro no tiene ningún valor, hasta que no se intercambia por dinero en la comercialización. Es el dinero proveniente de la venta del oro ilegal el que genera el impacto negativo y afecta la seguridad nacional”.
Se tienen las normas necesarias para fortalecer los controles de comercialización del oro, lo que se requiere es mayor voluntad política para hacer efectivas las reglas de juego y castigar la falta de debida diligencia de quienes le hacen quiebres a las leyes. Controlar el flujo de dinero es la mejor estrategia para controlar la minería ilegal del oro y esas son acciones más complejas que quemar dragas y maquinaria pesada.