Por: James Núñez Dueñas
Investigador del conflicto en Colombia
A lo largo de este año, el Departamento del Cauca ha sido escenario de una serie de eventos trágicos que han dejado como consecuencia la lamentable pérdida de más de una docena de líderes sociales y la perpetración de ocho masacres. Entre las víctimas más recientes, se encuentran un profesor, su esposa y su hija de apenas 15 años. El docente desempeñaba su labor en la reconocida institución educativa “Las Aves”, donde, en meses anteriores, seis menores de entre 12 y 15 años fueron cruelmente secuestrados por las disidencias de las Farc con el propósito de incorporarlos a sus filas.
Es particularmente inquietante que, en lo que va del año, se hayan registrado más de trescientas denuncias por hechos similares en este departamento. La magnitud de estos sucesos genera una profunda preocupaciónque exige la atención inmediata y la acción decidida de las autoridades competentes. Es imperativo implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad y resguardo de la población vulnerable en esta región, y así contrarrestar esta escalada de violencia que amenaza la estabilidad y la tranquilidad de la comunidad.
La demografía del Cauca se caracteriza por su rica diversidad, albergando diversas comunidades que incluyen afrodescendientes, indígenas y campesinos. Según las estadísticas proporcionadas por el DANE, la población de este departamento se sitúa en aproximadamente un millón y medio de habitantes. Para poner esto en perspectiva, bastaría comparar esta cifra con la población de las localidades de Kennedy y Suba en Bogotá, que superan en número de habitantes a todo el departamento. Esta disparidad plantea una pregunta fundamental: ¿Qué está ocurriendo en el Departamento del Cauca?
Para poder entender lo que pasa en este Departamento, primero se debe pensar que el Cauca se erige como un verdadero tesoro de abundancia, no solo por la fertilidad de sus tierras, sino también por su riqueza minera que se despliega como un espectacular catálogo de recursos. En las entrañas de esta tierra generosa y próspera yacen tesoros relucientes como el oro, la plata, el platino, el carbón, la caliza, las arenas de río y una gama variada de materiales destinados a la construcción. Este Departamento se constituye, como un auténtico edén de la naturaleza, una fuente inagotable de riqueza.
Sin embargo, esta opulencia no está exenta de sombras. Como es común en territorios de gran prosperidad en Colombia, los tentáculos de la delincuencia se han entrelazado con el tejido social, aprovechándose de las grietas del descontento.
El inicio
Es así que, en la década de los 80, en un capítulo oscuro de su historia, surgió la primera gran masacre conocida como la de Tacueyó. Este horrendo suceso, orquestado por los comandantes de la guerrilla Comando Ricardo Franco Frente-Sur, Hernando Pizarro Leongómez y José Fedor Rey "Javier Delgado", dejó un lúgubre saldo de 180 vidas segadas entre noviembre de 1984 y enero de 1985, en plenas negociaciones de paz. Un contraste desgarrador entre la exuberancia de la tierra y la tragedia que aflige su tejido social.
Esta masacre dejó al descubierto los horrores de la guerra, hombres aún con vida que les abrían el pecho y les sacaban el corazón, mujeres embarazadas que les abrían el vientre para extraerle el feto mientras agonizaban, abrieron una caja de pandora que a la fecha de hoy continúa con el desmembramiento de los capturados en combate o como señal a los grupos rivales.
Hasta el año 2016, las Farc mantenían una sólida hegemonía en el Departamento, ejerciendo un control absoluto sobre la población, manipulando la producción y el tráfico de drogas -por el océano pacifico-, así como en la explotación ilícita minera. Sin embargo, con la entrega de armas y la desmovilización de los combatientes, se generó un vacío de poder en la región. Este vacío ha sido hábilmente aprovechado por poderosas organizaciones como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el Clan del Golfo y los Pelusos.
La reorganización
Simultáneamente, se ha observado una atomización de microorganizaciones respaldadas por cárteles mexicanos y mafias europeas. Este fenómeno ha provocado un cambio en la dinámica de poder, dejando de ser centralizado para convertirse en un escenario donde diversas fuerzas compiten por ocupar los espacios anteriormente controlados por las Farc.
En este complejo entramado, aquellos individuos que optaron por abandonar el proceso de paz o nunca se sumaron a él, han reorganizado sus fuerzas en dos estructuras conocidas como "disidencias", . Estas disidencias emergen como actores determinados a recuperar el antiguo poder que ahora está en manos de otras organizaciones en la región.
La primera debilidad de estos grupos, tal como ha señalado la Defensoría del Pueblo, se manifiesta en la incorporación de hombres en el ámbito de la guerra. Lamentablemente, esto conlleva al reclutamiento de niños para participar en el conflicto armado, quienes son utilizados en ocasiones como meros peones sacrificables -utilizados en algunas ocasiones como carne de cañón-.
La segunda falencia se evidencia en la dispersión de estos grupos, los cuales se dedican a diversas actividades ilícitas como el cobro de extorsiones, el control sobre la siembra y comercialización de sustancias como la cocaína, amapola (fuente de morfina y heroína) y marihuana. Esto acompañado de una amalgama de amenazas, homicidios selectivos y desplazamientos forzados, crean un escenario propicio para el fracaso en términos de gobernanza y gobernabilidad en el Departamento y poniendo en peligro el programa del gobierno de La Paz Total.
El respaldo incondicional otorgado por el Gobierno Nacionala entidades de gran envergadura como las Disidencias y el ELN, ha propiciado un fortalecimiento significativo de estas organizaciones, tal como lo ha reconocido el propio presidente Gustavo Petro.
Esta concesión, representada simbólicamente como un "cheque en blanco", ha tenido consecuencias desastrosas para el Departamento, particularmente en lo que respecta a la seguridad. La magnitud de este problema se refleja de manera alarmante en el crecimiento exponencial de los cultivos de coca, que han pasado de 12,595 hectáreas en 2016; a 26,223 en 2022, experimentando un aumento cercano al 120%. Este incremento no solo afecta la integridad del campesino productor, cuyos ingresos se han visto disminuidos por las grandes organizaciones que redujeron los precios, a pesar de que el valor internacional se mantiene estable.
Además, se suma a este escenario la acusación del presidente hacia miembros del Ejército, señalándolos de recibir fondos de las disidencias de Iván Mordisco, un hecho de suma relevancia que agrega una capa adicional de complejidad a la situación “ya que implica alianzas entre el Ejército y grupos considerados enemigos, en esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la Policía se alía ya con el del EMC (Estado Mayor Central), y el de aquí con este, y con la Autodefensa del Golfo para acabar con el ELN, dijo Gustavo Petro”.
En conclusión, la combinación de la presencia de cultivos de coca y minería ilegal ha creado un entorno propicio para la proliferación de la criminalidad. Esta situación se ve agravada por la malinterpretación de algunas comunidades que, al inicio de este Gobierno, se involucraron en la invasión de tierras, generando un intenso conflicto y odio entre los habitantes locales. Es innegable que la seguridad en la región ha experimentado un declive evidente, con un aumento alarmante de homicidios y desplazamientos forzados. Lamentablemente, tanto el gobierno nacional como el local parecen incapaces de hacer frente a esta aguda realidad, lo que subraya la urgencia de abordar de manera efectiva los problemas que afectan a estas comunidades.
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