La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) un plan de distribución para los 80 carrotanques ubicados en dos batallones y un parqueadero en La Guajira. El objetivo es optimizar su uso en zonas de mayor escasez de agua debido al fenómeno de El Niño.
Según el ente de control, este plan debe estar basado en "criterios técnicos, sustentado en el análisis de las condiciones geográficas de los potenciales municipios o distritos beneficiados, los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y las características técnicas de los vehículos que permita su movilidad y funcionalidad". Esta solicitud busca que los carrotanques sean distribuidos con base en las necesidades específicas de cada región.
Otra de las inquietudes manifestadas fue el acceso limitado a la información sobre el proceso de aseguramiento y regionalización de estos carrotanques, indicando que debería estar disponible antes de adjudicar el contrato. Según el organismo, para ese momento "deberían estar subsanadas las observaciones previamente sugeridas por las partes y por la Procuraduría", buscando así una mayor transparencia en el proceso.
Además, como parte de su monitoreo, la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría instó a la UNGRD a coordinar con el Ministerio de Defensa para realizar los peritajes que certifiquen el estado actual de los vehículos. Esta evaluación es fundamental para determinar la capacidad de los carrotanques en la atención de las poblaciones afectadas.
El ente de control solicitó también que se presenten informes de las acciones de coordinación entre la UNGRD y el Ministerio de Defensa para facilitar estos peritajes por parte de las aseguradoras interesadas. La solicitud incluyó el listado de municipios o distritos posibles beneficiarios, junto con los criterios de selección y las fórmulas aplicadas para su priorización en el proceso de distribución de los carrotanques.
La Procuraduría advirtió sobre la gravedad de no cumplir con las responsabilidades de Gestión del Riesgo de Desastres conforme a la normativa vigente, calificando el incumplimiento como una "falta gravísima relacionada con la salud pública, los recursos naturales y el medio ambiente". El organismo señaló que omitir o retrasar la atención a estas solicitudes constituye una falta disciplinaria bajo el Código General Disciplinario.