La investigación de la Procuraduría General de la Nación abarca a cuatro altos funcionarios públicos, incluyendo al director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, y al ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves Fernández. El proceso disciplinario se centra en un contrato valorado en $6.600 millones para la impresión de cédulas de extranjería, el cual ha generado cuestionamientos sobre la idoneidad del contratista seleccionado y el proceso de adjudicación. Además de los mencionados, la investigación incluye al jefe de la oficina jurídica de Migración Colombia, Carlos Julio Ávila Coronel, y al secretario general de la misma entidad, Rigoberto Niño Corredor.
El ente de control ha identificado dos aspectos principales que motivan la investigación. En primer lugar, se cuestiona la idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar el contrato. Según la información disponible, esta entidad aparentemente carecía de la experiencia y capacidad técnica necesarias para realizar los trabajos contratados, lo que resultó en la subcontratación total de los servicios.
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El segundo aspecto que preocupa a la Procuraduría es la posible vulneración del principio de libre concurrencia en la contratación estatal. El contrato en cuestión fue adjudicado de manera directa a la Imprenta Nacional, sin llevar a cabo un proceso licitatorio abierto que permitiera la participación de otros posibles oferentes. Esta decisión podría haber limitado la competencia en el proceso de contratación y, potencialmente, afectado el precio final acordado para la ejecución del proyecto.
En el marco de la investigación, la Procuraduría ha solicitado documentación clave relacionada con el contrato. Se ha requerido una copia del contrato firmado entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional, así como un informe detallado sobre el estado actual del proyecto. Este informe debe incluir información sobre las actividades realizadas hasta la fecha y los pagos efectuados en el marco del contrato.
La entidad investigadora busca determinar si las acciones de los funcionarios involucrados podrían haber infringido los principios fundamentales que rigen la contratación estatal y la función administrativa en Colombia. De confirmarse las irregularidades señaladas, los funcionarios investigados podrían enfrentar diversas sanciones disciplinarias, que van desde la suspensión del cargo y multas económicas hasta la inhabilidad para ejercer funciones públicas en el futuro.