La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una serie de investigaciones disciplinarias en respuesta a la presunta baja ejecución de recursos de inversión durante el año fiscal 2023. Esta acción, que involucra a 14 entidades gubernamentales, busca esclarecer las razones detrás de la subejecución presupuestal y determinar si hubo irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Entre las instituciones bajo escrutinio se encuentran ministerios clave como el de Hacienda y Crédito Público y el del Deporte, así como entidades adscritas a otros ministerios.
La delegada para la Economía y Hacienda Pública de la Procuraduría ha establecido que el enfoque de estas indagaciones se centrará en dos aspectos principales. Por un lado, se examinará la ejecución de los proyectos de inversión que estaban programados para el año fiscal 2023. Por otro, se investigarán los recursos comprometidos a través de convenios interadministrativos firmados con entidades nacionales como Findeter y EnTerritorio. Este doble enfoque permitirá una evaluación integral de cómo se han manejado los recursos públicos destinados a inversión.
El alcance de la investigación se extiende más allá de los ministerios mencionados inicialmente. En expedientes separados, el Ministerio Público ha iniciado acciones disciplinarias contra una variedad de entidades que cubren diversos sectores de la administración pública. Entre estas se encuentran el Fondo Nacional Ambiental, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano, la Aeronáutica Civil, la Escuela Superior de Administración Pública, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Como parte del proceso investigativo, la Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas para cada uno de los casos. El objetivo de esta fase es determinar la ocurrencia de las conductas que llevaron a la baja ejecución presupuestal y establecer si estas acciones u omisiones constituyen faltas disciplinarias según la normativa vigente. Además, se buscará determinar si los funcionarios involucrados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad, lo que podría eximirlos de sanciones disciplinarias.