Este 27 de marzo, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Alberto Ávila Ávila, por presuntos pagos millonarios no autorizados. Estos pagos, que superan los $3.000 millones, han causado un desequilibrio financiero en los gastos operativos de la entidad, según las declaraciones de la Delegada para la Economía y Hacienda Pública.
La Delegada, señaló que "el exdirectivo habría avalado en la vigencia 2022 cancelar conceptos asociados a la nómina de 14 cargos profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica correspondientes a $ 1.500 millones, de bonificaciones por $ 1.000 millones, y el costo de la planta para 10 funcionarios de proyectos especiales que asumió en un 100 % la entidad que dirigía, correspondiente a $ 1.122millones".
La Procuraduría destacó que "las partidas no se encontraban presupuestas, no fueron sometidas previamente a consideración del Comité Técnico del CNE, ni a la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes". Por ello, la Sociedad de Activos Especiales se vio obligada a solicitar una modificación presupuestaria para ese año fiscal, lo que plantea serias dudas sobre la gestión financiera de la entidad.
El ente de control provisionalmente calificó la posible conducta del expresidente como "falta grave cometida a título de culpa gravísima". Esta acción, según la Procuraduría, habría vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia y economía.