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Procuraduría General de la Nación

Procuraduría confirma sanción de 12 años al superintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez Casas

Pérez es considerado uno de los abogados más cercanos al presidente Gustavo Petro y por esta razón lo nombró superintendente del subsidio familiar.

Foto: Asocajas

La Procuraduría General de la Naciónha confirmado la destitución y la inhabilidad general por 12 años del Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. Esta decisión se tomó debido a que Pérez solicitó aportes en dinero a las cajas de compensación vigiladas, destinando estos recursos a la población de Buenaventura, Valle del Cauca supuestamente para la 'Paz Total'.

El Ministerio Público determinó que Pérez utilizó su posición para solicitar dinero a las cajas de compensación, un acto que va en contra de las leyes que regulan sus funciones. Esta acción es considerada inaceptable, ya que involucra a entidades bajo su supervisión, vigilancia y control, desviándose de los objetivos misionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar.

Además, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento confirmó que, durante su liderazgo, Pérez realizó modificaciones en la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación. Esta conducta irregular también contribuyó a la sanción impuesta.

Pérez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exdirectivo del Colectivo de Abogados José Alvear, se ha defendido y ha dicho que es un perseguido y no menciona nada del abuso de poder y la posible corrupción.

Esto puso en su cuenta de X en la tarde de hoy tras conocer la decisión de la Procuraduría.

"Tramitaré la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la justicia contenciosa administrativa y prepararé una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", declaró el exsuperintendente.

Pérez aseguró que la modificación de la resolución de la lista de elegibles sigue vigente. "No hubo pronunciamiento de ninguna autoridad contenciosa administrativa, que es el único juez natural para determinar si un acto administrativo es inconstitucional o ilegal. Mi decisión de abrir la lista nunca fue demandada por nadie, por lo tanto, sigue gozando de presunción de legalidad y legitimidad. En cuanto a Buenaventura, jamás pasó por mis manos ni un solo peso; las cajas que contribuyeron lo hicieron directamente a la cuenta de la Pastoral Social de Buenaventura".

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