La Procuraduría ha condenado enérgicamente la práctica de los grupos armados de instalar minas antipersonales, señalando que estos artefactos están afectando directamente a la población civil, menores de edad y miembros de la fuerza pública. Esta declaración surge en respuesta a la creciente amenaza que representan estos dispositivos para la seguridad de los colombianos.
Según datos proporcionados por el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) de la Presidencia de la República, en lo que va del año 2024, estos artefactos han afectado a 62 personas. De estas víctimas, 23 son miembros de la fuerza pública y 39 son civiles, destacando que el 63% de las víctimas civiles son menores de edad.
Frente a esta situación, la Procuraduría ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para que refuerce las estrategias de descontaminación del territorio. Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, se pronunció al respecto: "El llamado es también para los grupos armados ilegales para que cesen este tipo de prácticas que no solo atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, sino que demuestran una vez más su poca voluntad de paz".
La Procuraduría enfatiza la importancia de aumentar las operaciones de desminado del territorio, así como la implementación de estrategias institucionales de educación sobre el riesgo de minas. Además, hace un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten y excluyan a la población civil del conflicto armado, subrayando la necesidad de proteger a los no combatientes en medio del conflicto.