La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha sido objeto de investigaciones por irregularidades en la ejecución de sus planes, especialmente en lo relacionado con la Reforma Agraria. Bajo la dirección de Felipe Harman, la entidad solo ha entregado cerca de 20 mil hectáreas de las 200 mil prometidas para 2024, lo que representa un avance del 10% y un retraso del 90% en la meta fijada para este año.
Según datos obtenidos por Revista Alternativa a través de un derecho de petición, de las 19,707 hectáreas entregadas, 15,090 han sido destinadas a comunidades étnicas, principalmente en el departamento de Vichada. Sin embargo, estas tierras aún no están formalizadas, lo que significa que los beneficiarios solo tienen una autorización provisional para ejercer la posesión de los predios, sin la titularidad definitiva.
Además, se ha entregado un total de 4,617 hectáreas a campesinos en los departamentos de Antioquia, Magdalena y Sucre. No obstante, la formalización de estas tierras también es incierta. La entrega de tierras ha excluido a departamentos gravemente afectados por el conflicto armado, como Nariño y Chocó, lo que ha generado críticas sobre la equidad en la distribución de los recursos.
Desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, el objetivo ha sido entregar 1,500,000 hectáreas durante su mandato. Hasta la fecha, se han entregado 300 mil hectáreas, y se esperaba que 200 mil más fueran adjudicadas en 2024 bajo la dirección de Harman en la ANT. Sin embargo, los avances hasta ahora muestran que la entidad enfrenta un retraso significativo en el cumplimiento de esta meta.
Las denuncias sobre los obstáculos para la entrega de tierras a las asociaciones de campesinos, muchas de las cuales incluyen a víctimas del conflicto armado, han aumentado la presión sobre la ANT. Algunas de estas asociaciones han estado acampando fuera de las instalaciones de la ANT desde septiembre de 2023, exigiendo el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno.
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El retraso en la entrega de tierras y la falta de formalización de las adjudicaciones temporales generan preocupación sobre la capacidad de la ANT para cumplir con las metas establecidas, poniendo en riesgo la implementación efectiva de la Reforma Agraria que es una pieza clave en la agenda del Gobierno Nacional.