El ministro de Hacienda ha anunciado una nueva reforma tributaria que será presentada en el segundo semestre de 2024. El funcionario señaló que esta no pretende incrementar el recaudo, sino alterar su fuente: de empresas pasar a personas naturales, en particular, a las de mayores ingresos.
Así, el gobierno del cambio mantiene el mismo comportamiento de los anteriores, al menos desde los años 90, cuando se ha aprobado más del 40 % de las reformas tributarias de todas las realizadas desde finales del siglo XIX. O, tal vez, el cambio consista en establecer un récord, toda vez que, desde Uribe Vélez, se ha tenido en promedio una reforma cada dos años, mientras que este gobierno tendría una anual.
Como se señaló, el ministro ha insistido en que no se trata de incrementar recaudo, sino de cambiar la forma como se recauda. No obstante, algunos expertos cercanos al Gobierno consideran que también debería incrementarse este. Algunos datos explican la intención: mientras que el gobierno colombiano recauda un 15,4 % del PIB, los de países desarrollados como Dinamarca, Finlandia o Suecia llegan a niveles de 34,8 %, 20,6 % y 27,2 %, respectivamente.
La posición del Gobierno, la de cambiar la forma de recaudar, también encuentra sustento en datos comparativos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia recauda un 1,3 % del PIB, proveniente de personas naturales, mientras que obtiene un equivalente al 4,99 % del PIB por parte de las empresas. Los datos son 23 % y 3,15 % en Dinamarca, 13 % y 3 % para Finlandia y 12 % - 3,2 % para Suecia. Es evidente que los ingresos de los países desarrollados provienen principalmente de las personas naturales.
Lo contrario es insostenible. Que los ingresos dependan mayoritariamente de las empresas, en la práctica castiga la producción de riqueza, el empleo y la innovación, pues son las unidades productivas sus generadoras. Esto no puede continuar así.
En este sentido, el gobierno aparentemente está en lo correcto al presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria.
Aparentemente. Si se mira con mayor atención el tema, surgen varias dudas. Una es empírica. Los datos que se presentaron en los párrafos anteriores son de países que suelen mencionarse para argumentar posiciones como las del Gobierno. No obstante, ese análisis no es general. Por ejemplo, está el caso de Suiza.
Este país tiene un recaudo menor al colombiano (10,1 % del PIB) y, aunque también recauda más de los ciudadanos que de las empresas, en ambos casos los niveles están por debajo de los de Dinamarca, Finlandia o Suecia. Así las cosas, si bien tener como ejemplo a Suecia no es malo, tampoco lo sería tener de referente a Suiza.
Una segunda duda tiene que ver con la presunción detrás al usar esos casos. Pareciera ser que se asume que países como Suecia o Dinamarca son desarrollados por tener altos niveles de tributación, pero la causalidad puede ir en la dirección contraria: tienen esos niveles porque son países ricos. Los impuestos serían la consecuencia y no la causa.
Lo anterior, en relación con el recaudo. Sin embargo, parece ser un hecho incontrovertible que el sistema tributario deba estar sustentado en personas naturales y no en empresas. Y así es. Pero, para lo que se propone el Gobierno, incluso en esto se deben señalar algunos aspectos problemáticos.
Dados los ingresos tan bajos que se perciben en Colombia, no es muy claro qué tanto más se le pueda cobrar a las personas naturales. El ministro ha insistido que la carga se les incrementaría a los colombianos de mayores ingresos.
Esto suele entenderse como los que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, lo que representa muy pocas personas.
¿Alrededor de 620 mil personas pueden asumir toda la carga del país? ¿Eso es justo? ¿No importan los efectos negativos sobre ellos y su calidad de vida? ¿No es cruel, por decir lo menos, asumir que, igual, ganan más que los demás, pero no tanto como para poder irse del país y votar con sus pies?
El otro lado de la moneda es el Estado colombiano, ejemplo de escándalos de corrupción y despilfarro. Además, están las intenciones de gasto. Para el caso del gobierno actual, por ejemplo, ¿cuánto valen las reformas laboral, pensional o de salud actualmente en discusión en el Congreso?
Tenemos un Estado voraz, insaciable. Antes de una nueva reforma, es necesario que el Estado reconozca que también hay límites y que ponga de su parte. Hay que comenzar a discutir el gasto, antes de volver sobre el recaudo. Y esto no se reduce a decretos cosméticos para bajar gastos suntuarios, como pasajes en primera clase, o marginales, como el café. La discusión debe ser de fondo, honesta y efectiva. Primero, frenemos la voracidad.