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Álvaro Leyva

¿Por qué la Cancillería no logró un acuerdo con la empresa de pasaportes?

El nuevo abogado de la Cancillería explicó que existía una regla que requería proporcionar una muestra, y dicha muestra no podía provenir de un pasaporte emitido por una empresa fabricante, sino que debía ser el pasaporte colombiano con el chip correspondiente. Esta restricción resultó en la ausencia de empresarios que poseían las capacidades necesarias, ya que no cumplían con el criterio establecido para la muestra.

Foto: Canva

Ernesto Matallana, el abogado designado por la Cancillería para gestionar la licitación de pasaportes en el país, fue entrevistado en La W para explicar por qué no se alcanzó un acuerdo con Thomas Greg & Sons, la compañía que anunció una demanda contra el Estado colombiano.
El doctor en derecho, Ernesto Matallana, explicó la razón por la cual, después de una reunión de 40 minutos en la Procuraduría General de la Nación con Thomas Greg & Sons, la Cancillería tomó la decisión por tercera y última vez de no llegar a un acuerdo conciliatorio y enfrentar la millonaria demanda.

"El primer asunto que debemos aclarar es la posición del Comité, que básicamente concilió sobre la pretensión de revocar la declaratoria desierta, pero afirmaron que no tenían competencia para revocar el acto administrativo propio de las competencias del canciller. Desde esta perspectiva, el convocante decidió no conciliar porque no se resolvió a fondo lo que él pretendía, que era revocar y adjudicar", explicó Matallana, indicando que no se cumplieron las pretensiones de Thomas Greg, lo que llevó a la falta de un acuerdo común.

"Por lo tanto, el asunto se declaró fallido por eso, ya que no se dio el escenario completo solicitado por el convocante, quien está buscando demandar al Estado", agregó.

Según el nuevo apoderado de la Cancillería, la falta de conciliación se debió a una cuestión de competencia, ya que revocar la declaratoria desierta y adjudicar la licitación era una competencia exclusiva del ordenador del gasto. Explicó: "Aquí se tocan dos regímenes jurídicos, la ley de conciliaciones, que es una ley general para resolver controversias de todo orden, y hay otro régimen que es la ley 80, que establece que la responsabilidad recae una y exclusivamente en el representante legal, quien no puede delegar en comité. Entonces, al observar estos dos regímenes, la ley 80 establece que quien toma las decisiones sobre adjudicar, declarar desierto, etc., es el ordenador del gasto".

En contraste, se plantearon inquietudes sobre los considerables riesgos de pérdida para el Estado y la postura del canciller Álvaro Leyva de no optar por la conciliación. No obstante, según el nuevo representante legal, Ernesto Matallana, se presentaron diferentes argumentos para no respaldar la primera licitación con Thomas Greg.
“Por ejemplo, había una regla que decía que usted debía suministrar una muestra y esa muestra no se permitía que fuera de un pasaporte de una empresa que fabricara, sino que tenía que ser el pasaporte colombiano con el chip colombiano, eso generó que al final no se presentaran empresario que tenían las capacidades, habilidades y experiencia para poder suministrar en Colombia, entonces eso asociado por ejemplo a que el sitio de fabricación de contingencia fuera Norteamérica y tuviera un privilegio de puntos frente a otras zonas del mundo, pues también generó que se reparara esa regla, y que al no revisarse todas esas reglas que pidieron que se corrigieran, y no se corrigieron y al final por eso se presentan dos pero una de ellas fue la que quedó formalmente radicada y que obtuvo los mil puntos porque no tenía competencia”.

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