En medio de una creciente controversia, la propuesta de ley que podría favorecer al clan Torres de Barranquilla, específicamente a empresas vinculadas a Euclides Torres, ha generado un intenso debate en el Congreso de la República de Colombia. Mientras algunos legisladores piden la eliminación de lo que denominan "micos" en la legislación, otros abogan por el archivamiento del proyecto debido a los posibles conflictos de interés que involucra.
La iniciativa legislativa, impulsada por el senador Pedro Flórez, ha generado preocupación entre diversos sectores, especialmente por la concentración del control del Sicov, un sistema de vigilancia de trámites de tránsito, en algunas empresas del clan Torres. Según un reporte de La Silla Vacía, este proyecto de ley ha suscitado molestia en gremios y entre varios congresistas, quienes instan a modificar la propuesta o rechazarla por completo para evitar riesgos.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ha expresado su indignación ante lo que considera una desviación del propósito original del proyecto, que busca mejorar la seguridad vial. Lozano ha instado a la Plenaria de la Cámara a eliminar los artículos problemáticos que podrían favorecer intereses particulares en lugar de cumplir con su objetivo primordial.
Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, ha presentado una solicitud al despacho del presidente de la Cámara, Andrés Calle, para archivar el proyecto de ley debido a los posibles conflictos de interés que involucran a las empresas de Torres. Además, se ha revelado que empresas vinculadas a Euclides Torres están recibiendo contratos millonarios del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), lo que ha levantado sospechas sobre posibles vínculos con el empresario.
Estos acontecimientos ponen en tela de juicio la transparencia y la integridad del proceso legislativo en Colombia, y generan preocupaciones sobre la influencia indebida de intereses privados en la elaboración de leyes que afectan al conjunto de la sociedad. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está investigando a fondo las posibles conexiones entre Euclides Torres y las empresas beneficiadas por contratos públicos, con el fin de garantizar la imparcialidad y legalidad en el proceso.