La declaración de hoy del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Roberto Carlos Vidal marca un grave llamado atención al gobierno del presidente Gustavo Petro por pretender ante Naciones Unidas interferir en la autonomía del alto tribunal en la búsqueda de lo que el mandatario y el canciller Álvaro Leyva consideran no va acorde con su manera de como debe juzgarse a los protagonistas del conflicto en la búsqueda de la verdad.
Afirma hoy Vidal: "El Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera creó un órgano judicial, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), independiente de todos los poderes públicos. La JEP está encargada de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas con ocasión del conflicto armado y ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016.
Desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho.
El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP.
Los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano", expresó Vidal en un comunicado oficial de la JEP.
Esto sucede tras la radicación de una carta por parte de la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, donde el presidente Gustavo Petro expresa que se compromete a cabalidad a cumplir con el acuerdo de paz con las Farc firmado en el 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo añadió el mandatario Petro del “derecho de amnistía” cuando haya lugar, dependiendo de los Convenios de Ginebra de 1949. “Por ningún motivo podrá limitar o condicionar la JEP el derecho a la verdad. Derecho inalienable del país todo y de las víctimas del conflicto armado interno. Habrá de tomarlo y asumirlo como es y corresponde: un derecho ius cogens, norma imperante de orden público imposible de eludir. El esquivarlo o eludirlo conllevaría responsabilidades”.
De esta manera el presidente decide llevar la opinión del canciller Álvaro Leyva quien hace algunos días dijo que la JEP "se estaba descarrilando", al no aceptar a exparamilitares como 'Macaco' y otros en su afán de lograr la verdad para las víctimas.