La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un pronunciamiento sobre la solicitud presentada por los abogados de Gustavo Petro. La petición buscaba la intervención de la Corte en el proceso abierto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre presuntas irregularidades en los límites de financiamiento de su campaña presidencial.
El tribunal demostró que no existían elementos suficientes para proceder con las medidas provisionales solicitadas por la defensa del presidente colombiano. En su análisis, publicado por El Tiempo, la Corte concluyó que “el órgano administrativo en cuestión carece de la facultad para inhabilitar o restringir los derechos políticos de un funcionario electo popularmente”.
La Corte también destacó que este caso era diferente al de la sentencia de 2020, cuando había fallado a favor de Petro en un asunto relacionado con la Procuraduría y su capacidad para inhabilitar a funcionarios electos. En este contexto, la Corte indicó que “la solicitud de los representantes de la víctima se basa en una situación fáctica y jurídica distinta”.
En su pronunciamiento, el tribunal puntualizó que el CNE, como organismo administrativo, no tiene la competencia para suspender derechos políticos, lo que refuerza la posición de la Corte en cuanto a los límites de sus funciones. “La referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenada en el fallo”, expresó el tribunal.
El rechazo a la solicitud de medidas provisionales no solo establece una postura clara sobre las competencias del CNE, sino que también disipa los argumentos presentados por la defensa de Petro sobre un posible ataque a su “fuero integral”. Este pronunciamiento marca un capítulo importante en la disputa legal entre el mandatario y el sistema electoral colombiano.