El optimismo generado por el anuncio de un acuerdo entre los directivos del Ministerio del Trabajo y los sindicatos de la entidad para levantar el paro iniciado el 31 de mayo se disipó rápidamente. Los funcionarios en huelga emitieron un comunicado informando que la mesa de diálogo con los delegados de la ministra Gloria Inés Ramírez se ha roto, citando incumplimientos del acuerdo firmado el 2 de julio que se esperaba materializar esta semana.
Voceros del comité del paro señalaron que las discrepancias resurgieron en torno a asuntos salariales. Esta situación llevó a la decisión de reanudar el cese de actividades, buscando el respeto a sus derechos laborales y el cese de presiones contra empleados sindicalizados. Los trabajadores afirmaron que "la administración incumplió el acuerdo que se había celebrado el 2 de julio en el cual ellos se comprometían a hacer el pago total de todos los salarios de todos los funcionarios del Ministerio del Trabajo y se realizarían tres mesas del 3 de julio al 5 de julio y se tratarían 13 puntos de más impacto para dar así cumplimiento a algunos de los artículos del acuerdo 2023".
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Las organizaciones sindicales explicaron que, a pesar de que el acuerdo se anunció como una muestra del compromiso gubernamental con la protección de los grupos sindicales, hasta el momento no se ha realizado "el pago a los funcionarios del Ministerio". Por el contrario, denuncian que la administración está "exigiendo un acta de compromiso donde el funcionario se obliga con la administración a compensar 184 horas de los días que no se elaboraron por estar en huelga e imputable al empleador".
Como parte de la segunda etapa del paro, los sindicatos anunciaron nuevas medidas de presión. Entre estas se encuentra la instalación permanente de carpas en cada una de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo, acción que comenzó a implementarse desde el fin de semana. Esta decisión marca una intensificación de las protestas y una extensión geográfica de las mismas a nivel nacional.
El conflicto entre el Ministerio del Trabajo y sus empleados sindicalizados continúa sin una resolución clara, mientras ambas partes mantienen sus posiciones respecto a los términos del acuerdo y su implementación.