El jueves 30 de mayo, se llevó a cabo un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, donde el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, presentó los primeros resultados de un informe sobre el estado de las EPS intervenidas. Este informe preliminar, que ha estado en desarrollo por más de un mes, aborda aspectos relacionados con medicamentos y la estabilidad financiera de las entidades intervenidas.
El presidente Gustavo Petro ha realizado en las últimas semanas varias denuncias contra las aseguradoras, a pesar de que el informe oficial y completo aún no ha sido divulgado. La Superintendencia de Salud ya cuenta con informes presentados por los agentes interventores, pero aún no ha emitido una respuesta oficial al respecto.
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Durante su intervención, Luis Carlos Leal mencionó específicamente a Nueva EPS, indicando que desde el año 2019, e incluso antes, esta aseguradora había estado ocultando facturas que no legalizaba en el sistema. Según Leal, era conocido que Nueva EPS tenía deudas con hospitales tanto públicos como privados, y que la deuda reconocida por la EPS era inferior a la que los gremios del sector salud habían consolidado en sus propios informes.
Leal también informó que esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Contraloría, que ha organizado mesas de concertación para revisar las cifras financieras reportadas por los actores del sistema de salud. En este contexto, se reveló que las deudas no ascendían solo a $500.000 millones de pesos, sino a $5.5 billones de pesos. Leal subrayó la importancia de la estabilidad financiera para el sistema de salud y cuestionó los indicadores de salud pública, sugiriendo que el uso inadecuado de recursos estaba afectando la prestación de servicios.
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Asimismo, Leal destacó que durante las últimas semanas se han radicado ante la Superintendencia de Salud los informes de gestión de los interventores de las siete EPS intervenidas. Entre estas entidades, se hizo un énfasis particular en la EPS Sanitas, perteneciente al Grupo Keralty, donde se identificaron malas prácticas de contratación. Según el Superintendente, el 75% de los contratos de Sanitas se realizaban bajo la modalidad de evento, que es la más costosa.
Además, Sanitas reportó una pérdida anual de $400.000 millones de pesos en los últimos dos años, pero no pudo justificar un incremento del gasto administrativo por $210.000 millones de pesos. Leal cuestionó si esto se debía a una falta de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).