Hasta el momento no se han encontrado evidencias que confirmen la adquisición o implementación del software Pegasus en el país, afirmó la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello. La declaración fue emitida en medio de las versiones que se han conocido por una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de esclarecer si hubo una compra estatal de este programa.
El software Pegasus, desarrollado por una empresa israelí, es conocido por su capacidad de interceptar comunicaciones de dispositivos móviles, lo que ha generado controversia sobre su uso en distintos países. Según Cabello, hasta ahora no se ha identificado ninguna partida presupuestal que respalde una compra oficial de este programa por parte de la Procuraduría General ni del gobierno del expresidente Iván Duque.
Cabello fue enfática al señalar que “no hay rastros oficiales de la existencia de este programa, ni hemos encontrado órdenes presidenciales de adquirirlo”, descartando de esta manera que el software esté en uso por alguna institución pública bajo su administración. Sus declaraciones fueron hechas en el contexto de la indagación en curso sobre posibles prácticas de espionaje o seguimiento a través de esta herramienta.
Además, la procuradora detalló que tampoco se ha identificado el uso de recursos de gastos reservados o dinero incautado para financiar la compra de Pegasus. Esta aclaración busca despejar las dudas sobre la existencia de partidas clandestinas que hubiesen permitido la adquisición del programa sin los procedimientos legales habituales.
Aunque las investigaciones no han concluido, Cabello aseguró que “no hay rastros de una compra oficial del programa, ni de que el presidente de la República haya dado orden o autorización para adquirirlo”. La falta de documentación sobre una orden o autorización presidencial es uno de los puntos principales de la pesquisa que adelanta la Fiscalía.
Para avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, la Procuraduría citó a declarar al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como a miembros de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional y otras divisiones relacionadas. Las comparecencias están programadas para la próxima semana, y su objetivo es verificar cualquier posible vínculo entre estas entidades y la adquisición del software en cuestión.