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No cuadran los números: EPS y gobierno tienen cifras distintas

Mientras Félix León Martínez, director de Adres, menciona una deuda de $200 mil millones, gremios como Acemi y Gestarsalud estiman cifras superiores.

El panorama sobre la deuda pendiente del Acuerdo de Punto Final en el sistema de salud colombiano presenta discrepancias entre las cifras ofrecidas por el Gobierno y las estimaciones de diversos gremios del sector.

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, indicó que las cuentas aprobadas para pagar a las EPS ascienden a $200 mil millones de pesos. Sin embargo, representantes de gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento de la Salud (Gestarsalud) discrepan de esta cifra.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señaló que la deuda esperada por parte del Gobierno asciende a cerca de $300 mil millones de pesos, mientras que Galo Viana, presidente de Gestarsalud, estimó la deuda con el régimen subsidiado en $250 mil millones de pesos.

El director Martínez, por su parte, negó la existencia de cuentas pendientes por $3 billones de pesos en la contabilidad de la Administradora, aclarando que solo existen $200 mil millones en cuentas de cobro pendientes, muchas de las cuales están sujetas a procesos judiciales.

La situación se complica con la reciente orden de la Corte Constitucional, que instruyó al Ministerio de Salud a desembolsar la totalidad de los recursos pendientes del Acuerdo de Punto Final. Sin embargo, Martínez expresó dudas sobre la resolución pronta de los procesos judiciales y la aceptación por parte de las EPS de los acuerdos de pago propuestos.

El Acuerdo de Punto Final, firmado en julio de 2019, buscaba saldar las deudas pendientes por servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC ni los Presupuestos Máximos hasta diciembre de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional ha identificado montos sin cancelar a partir de 2020, generando preocupaciones sobre el cumplimiento total del acuerdo.

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