He discutido anteriormente sobre las particularidades de este territorio en otra columna de esta prestigiosa revista llamada, La Guajira: desafíos y egos, la cual invito a leer —por su puesto— para obtener un mejor contexto. Empero, y atendiendo al principio de la practicidad, dicho escrito avizora que una solución para la Guajira nacida desde la más gélida burocracia centralista, sin poner en el centro de la discusión su estilo de vida y estructura social, está condenada al fracaso.
Tal obviedad logró arribar a buenos oídos dentro del gobierno Petro y, al estar Sarabia de por medio, se zanjó con facilidad una alianza importante con el sector privado como aliado estratégico —más allá de ser simplemente un patrocinador—. Ello pone a disposición una herramienta que desdobla el pensamiento cuadriculado estatal, y lo transforma en ese lienzo colorido donde surgen las ideas que revolucionan el mundo a través del mercado.
Mucho se subestima en este país la capacidad del empresario para gestar soluciones ingeniosas a las necesidades del prójimo, y siendo este un gobierno izquierdo-progresista, da un buen sabor de boca que reconozcan esa capacidad creativa.
Otro aspecto positivo de este megaproyecto es que el cronograma de actividades no ha experimentado retrasos significativos, al menos en lo que respecta a su fase de socialización y reconocimiento del terreno. Aunque inicialmente se había planeado visitar 70 comunidades, el avance ha sido eficiente.
Tan solo el pasado 7 de febrero se visitaron 14 comunidades, logrando abordar temas como la elección de cultivos para garantizar la seguridad alimentaria, así como la cobertura educativa y sanitaria. Con este ritmo, se espera que en poco más de dos meses la mayoría de los asentamientos estén debidamente caracterizados y listos para la fase de gestión de proyectos y ejecución.
A dedo
Sin embargo, y como en el andar de los cangrejos, esto es dos pasos hacia adelante y uno para atrás. La desorganización y la improvisación han hecho su aparición, arrastrando consigo un tremendo escándalo. El pasado 15 de febrero se informó que los 40 carrotanques destinados para el abastecimiento de agua, mientras los proyectos de acueducto se ponían en funcionamiento, se encuentran paralizados y estacionados en una base militar.
Según palabras de la directora del Banco de Alimentos de La Guajira: “hay mucha incertidumbre en la comunidad porque se preguntan ¿de dónde sacarán el agua?”. Acompañando a este grave fallo, se han develado varias irregularidades en materia contractual.
Citando a un comunicado de la procuraduría, del 20 de febrero, se “busca establecer si se presentaron irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución, las cuales estarían relacionadas con la modalidad de contratación escogida, un posible direccionamiento en la selección del contratista, falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial”; presunciones no menores que, nuevamente, ponen en tela de juicio la transparencia de la administración.
Las sospechas arrancan desde la modalidad de contratación de los carrotanques, que no se hizo por licitación pública, siendo la idónea por el monto del contrato según el Estatuto de Contratación Pública.
Por otro lado, el contratante, Impoamericana Roger S.A.S, según su RUT se dedica a vender materiales de construcción, productos alimenticios al por mayor y otros temas no especificados, pero relativos a la construcción de edificios. Nada que ver con la venta de vehículos pesados, maquinaria amarilla o similares; no teniendo la idoneidad exigida. Y, por último, estos camiones no están adecuados para las condiciones geográficas y viales de la Alta Guajira, lo que significa que requieren una adecuación extra —más dinero— para que cumplan el objeto del proyecto.
Quién responde
Dejando de lado los hechos y resultados que las investigaciones en materia penal, fiscal y disciplinaria puedan dejar, no deja de sorprender en demasía que en la formulación del proyecto no se haya identificado, medido y, como poco, elaborado un prospecto de mitigación a los problemas más obvios que se iban a enfrentar. De todos los mencionados en diferentes medios, el más impactante es la ausencia absoluta de un plan concreto y efectivo para contratar la mano de obra especializada requerida —o sea, los conductores—. No hay forma racional en que tal riesgo se pasara por alto, más en un proyecto que, solo en el arranque, te pide 46.800 millones de pesos.
Las explicaciones del director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López Martínez, han sido evasivas, poco claras, donde no ha sido posible saber por qué se compraron unos carrotanques en el 2023 y no han llevado una gota de agua a las rancherías. Y como en Macondo, el argumento de que no se ha podido conseguir conductores, es tan inverosímil como la explicación sobre quienes los condujeron hasta la base militar, ubicada en el municipio de Uribia.
Ahora, habrá que esperar, como ocurre con todas las investigaciones de los entes de control, cuando la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, se van a pronunciar a fondo sobre las minucias del contrato por 46.800 millones de pesos a razón de 1.170 millones por cada carrotanque.
Tras todo este revuelo, el Gobierno se puso las pilas y empezó a agilizar la ejecución y, hasta el momento de este escrito, solo diez de los cuarenta carrotanques están ya en operación; sin dejar de ser eso otra muestra de improvisación porque, para esta fecha, ya deberían estar todos operativos. Como último sin sabor, y en contraste con este desfile de omisiones, algo que si no se les olvido es la colocación de marcas de aguas con la silueta del presidente y un segundo rostro no identificable junto al eslogan Colombia Profunda.