Se avecinan las elecciones para elegir a las autoridades regionales y locales, y las alarmas que enciende la compleja situación de orden público se escuchan en buena parte del país. La proliferación de grupos armados ilegales acentúa el nerviosismo de aspirantes y votantes.
La cita a las urnas, convocada para el próximo 29 de octubre, es la primera bajo un gobierno de izquierda y congrega a un alto número de candidatos y candidatas que presentarán sus nombres para cargos de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales. Se estima que se postularán cerca de 120 mil personas.
Pero esa copiosa inscripción, que expresa una febril efervescencia democrática, se enfrenta a múltiples riesgos en aquellas zonas donde las organizaciones criminales ven en la cita electoral una oportunidad para imponer candidaturas con las cuales se tienen afinidades ideológicas o intereses económicos comunes.
En la mira
Análisis previos del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), liderado por la Policía Nacional y al que asisten la Fiscalía, la Procuraduría y la Registraduría, ya tienen identificados diez municipios que exigirán especial atención por parte de las autoridades. Se trata de El Bagre (Antioquia); Argelia (Cauca); Puerto Libertador, San José de Uré y Tierra Alta (Córdoba); San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta y Tibú (Norte de Santander); y Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).
Esas poblaciones hacen parte de las zonas más convulsionadas en los últimos años y en las que se concentra la presencia de grupos armados ilegales, ya sea porque tienen una presencia hegemónica o está en disputa. Se trata, en su orden, de las regiones del Bajo Cauca antioqueño; suroccidente del Cauca; sur de Córdoba; Litoral Pacífico de Nariño; ciudad capital y Catatumbo, en Norte de Santander; y occidente del Valle del Cauca. A esas zonas se suman el suroriente del país, particularmente los departamentos de Guaviare, Meta y Vichada, y el Caribe colombiano.
¿Y qué organizaciones criminales generan tanto riesgo? Se trata del Estado Mayor de las Farc-EP, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su conjunto, operan en buena parte del territorio nacional y tienen a su disposición hombres, armas y recursos económicos para incidir en el proceso electoral local y regional.
A esos grupos armados ilegales se suman otro tipo de estructuras que gravitan en esferas más urbanas. En ese sentido, cobran especial importancia las bandas de Medellín y de los municipios del Valle de Aburrá que, históricamente, han tenido una injerencia subrepticia en las elecciones para alcaldes, concejales, gobernadores y diputados.
El gobierno suspendió el cese al fuego con las disidencias de las Farc que comanda “Iván Mordisco” por el asesinato de 4 menores en Putumayo.
Violencia
Este cóctel de armas y dinero conformado por diversas tendencias ideológicas e intereses económicos ya tienen alterado el ambiente electoral. Así se deduce de los datos reportados el pasado 20 abril por la Misión de Observación Electoral (MOE) a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Tras revisar cinco meses de actividades del calendario electoral concluyó que “se mantiene un nivel de violencia política alto”, ratificando así que “las elecciones de autoridades locales son los periodos con mayor nivel de violencia contra liderazgos”.
Para sustentar esa afirmación, expuso que entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de marzo de 2023 se registraron 231 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, 76.3 % más que los registrados en 2019, cuando se presentaron 131. Además, con un agravante: “los hechos letales (asesinatos y atentados) incrementaron en 11.1 % al pasar de 63 a 70”.
La Defensoría del Pueblo también alertó a la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Lo hizo a través de la Alerta Temprana AT 19-23, divulgada el pasado 19 de mayo, centrada en la situación de personas defensoras de derechos humanos y abarcando a quienes con sus liderazgos locales y regionales participarán en los comicios, para los cuales solicitó medidas especiales de protección, dado el riesgo que corren al exponerse en actividades proselitistas.
La Macarena, Meta.
Mesas de diálogo
Las elecciones de octubre próximo se realizarán bajo un contexto sin precedentes en el país, si se tienen en cuenta las recientes declaraciones del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y, claro, si quienes están del lado de la ilegalidad se acogen a la propuesta: la instalación de siete mesas de diálogo simultáneas con estructuras criminales de diversas características que operan en varias regiones del país.
Con tres de esos grupos armados ilegales, el Gobierno Nacional tiene pactados ceses bilaterales de fuego desde el 31 de diciembre del año pasado: el Estado Mayor Central-Farc EP, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con otras tres estructuras viene adelantando contactos de tiempo atrás ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, de Buenaventura; y un grupo de bandas de Medellín y el Valle de Aburrá.
Con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades como ‘El Clan del Golfo’, el Gobierno Nacional ordenó suspender el cese al fuego bilateral el 19 de marzo pasado, luego de cuestionar sus acciones armadas contra agentes de la Policía Nacional.
Y queda la guerrilla del ELN, con quien se adelantan conversaciones en La Habana, Cuba, pero con la que no hay, hasta el momento, ningún acuerdo para silenciar los fusiles.
Este novedoso escenario de diálogo simultáneo plantea varias preguntas: ¿En esas mesas se logrará atemperar el tenso clima electoral?; ¿Aquellos candidatos que tengan posturas críticas sobre la política de ‘Paz Total’ se podrán expresar libremente y sin correr riesgos?; ¿Cómo se van a “administrar” los territorios donde se instalen las sedes de los diálogos?; ¿Habrá libertad de movilización para aquellos aspirantes que representan partidos y movimientos de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro?
Mientras se resuelven estos y otros interrogantes, prevalece la incertidumbre y un estado de máxima alerta.