Por: CARLOS CAMARGO ASSIS –Defensor del Pueblo
El diagnóstico que hemos proyectado con las distintas delegadas, regionales y direcciones nacionales, analiza las vulneraciones a derechos fundamentales, de forma global, desde los homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos y otras afectaciones de derechos por la violencia, la situación de reparación de las víctimas, el desplazamiento forzado, los confinamientos, y la migración, hasta temas como la inversión presupuestal de los distintos programas del acuerdo de paz, el acceso a los servicios públicos, la garantía del derecho a la salud, el estado del Plan de Alimentación Escolar, la violencia basada en género, en particular contra la población LGBTI/OSIGD, la situación de los pueblos étnicos y por último la situación penitenciaria y carcelaria.
De dicho diagnóstico, en general, se puede concluir que existen al menos cuatro grandes retos en materia de derechos humanos que se destacan y que deben afrontarse de manera prioritaria por el próximo gobierno: el primero, tiene que ver con la enorme problemática que implican las economías ilegales tales como el narcotráfico, la minería ilegal, explotación ilícita de recursos, extorsión y microtráfico que incentivan el crecimiento de estructuras armadas y son el combustible para las luchas por el dominio territorial poniendo en grave riesgo los derechos humanos de toda la población, pero en particular de las comunidades campesinas y étnicas que habitan en las regiones más apartadas del país y que son víctimas de desplazamientos y confinamientos.
Uno de los efectos derivados de estos negocios ilegales y las luchas armadas que los rodea son los homicidios de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, las y los excombatientes de las FARC-EP, al tiempo que afianzan otras graves prácticas violatorias de derechos humanos como el reclutamiento forzado de nuestras niñas y niños.
Dada la gravedad de esta problemática, la Defensoría del Pueblo ha emitido 43 alertas tempranas que cubren población y territorio de 21 departamentos del país y 50 informes de seguimiento que dan cuenta de la persistencia y agudización del riesgo de violaciones a los derechos fundamentales.
El segundo reto, es el de continuar construyendo y fortaleciendo una política dirigida a disminuir la brecha social. Los efectos en materia social de la pandemia del Covid-19 son abrumadores. Pese al enorme esfuerzo del Gobierno para dar respuesta a esta crisis, es claro que las poblaciones más vulnerables fueron las más afectadas.
El negocio de las economías ilegales, como el narcotráfico, deben ser prioridad de la agenda de gobierno.
La recuperación económica debe hacerse teniendo en cuenta las afectaciones a los distintos grupos poblacionales y en la necesidad de proteger los derechos humanos, en particular, las condiciones dignas de vida de todas las personas.
Esto implica que se deben proteger los programas de subsidios y los incentivos para generar empleo, pero especialmente se debe promover el acceso efectivo a los servicios públicos de calidad para todos los habitantes. Servicios como el agua potable, la salud, la educación o la alimentación escolar deben mantener sus estándares de cobertura, adecuación, accesibilidad y calidad en todas las regiones del país.
Con relación al segundo reto, la Defensoría del Pueblo ha logrado constatar que a pesar de los avances en el aumento de las coberturas del acueducto y otros servicios públicos en Colombia, es preocupante el rezago que aún se evidencia en la prestación de servicios públicos en las zonas rurales del país. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida 2021, realizada por el DANE, son aproximadamente:
2.178.000 hogares en Colombia los que no disponen de un acueducto para el abastecimiento de agua.
4.260.000 hogares en Colombia los que no disponen del servicio de alcantarillado para el manejo de aguas residuales.
446.000 hogares en Colombia que no cuentan con energía eléctrica.
Al realizar el análisis de las estadísticas oficiales presentadas en los mapas de cobertura de acueducto y otros servicios públicos, se puede evidenciar una brecha entre las cabeceras municipales y las zonas rurales. Así mismo, es posible evidenciar que existe una cobertura limitada en cuanto a la prestación y acceso a servicios públicos a lo largo y ancho del país entre los cuales se resalta la cobertura limitada en materia de alcantarillado.
La prestación y el acceso a servicios públicos es un reto ineludible para el próximo gobierno. De igual manera, lo anterior implica también una adecuación y preparación contra los efectos del cambio climático, sobre todo, una política pública enfocada de protección del medio ambiente.
El tercer reto es el de continuar fortaleciendo la protección de los derechos humanos de poblaciones históricamente discriminadas. Por ejemplo, se debe continuar generando medidas de integración para los migrantes, especialmente, los de origen venezolano. Actualmente, cerca de dos millones de personas venezolanas habitan en Colombia y debido al Estatuto de Protección para Migrantes han logrado permanecer con una situación jurídica temporal.
Ahora, es importante que el próximo gobierno nacional defina la situación jurídica de estos migrantes de forma sostenida y logre una verdadera absorción del capital humano de esta población, a fin de mejorar su calidad de vida y, con ello, mejorar las condiciones del resto de los habitantes del país.
Adicionalmente, se requiere de una agenda amplia, concertada con las poblaciones, con un enfoque sistémico y estructural, para eliminar todas las formas de estigmatización y discriminación, no solamente frente a los migrantes sino también frente a nuestras propias comunidades étnicas y las comunidades LGBTI.
En nuestros distintos informes de derechos humanos sobre la población, desde el 2020 a mayo de 2022, la Defensoría ha denunciado el alto número de homicidios y feminicidios hacia esta población, 74 mujeres transgénero, 41 hombres gay, 12 mujeres lesbianas, 1 hombre transgénero y 27 casos donde no se identifica con exactitud la orientación sexual e identidad de género.
Cabe resaltar que la violencia basada en género y las formas de discriminación contra las personas LGBTI sigue motivando actos de violencia, feminicidios y homicidios que se perpetúan a lo largo y ancho del país. Por tal razón, es necesario que el próximo gobierno nacional desarrolle acciones concretas en aras de prevenir y sancionar las violencias por prejuicio y discriminación estructural a las que se ven expuestas estas poblaciones en todos los ámbitos y espacios.
Por otro lado, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas, y el pueblo Rrom o gitano vienen siendo objeto de un proceso de erosión y debilitamiento, debido a las violaciones de sus derechos individuales y colectivos en el marco de la violencia y el conflicto armado, así como la pervivencia de esquemas de discriminación étnico racial. El nuevo gobierno enfrenta el reto de hacer cesar el exterminio físico y cultural que oprime a estos pueblos.
Finalmente, pero tan trascendente como todo lo demás, el reto en materia de política penitenciaria y carcelaria en Colombia es enorme, al punto que se enmarca en un estado de cosas inconstitucionales que ha previsto una situación de anormalidad “masiva” y “generalizada”, una falla estructural que no es atribuible a una única autoridad estatal.
No se trata solo del hacinamiento, que si bien se ha logrado disminuir en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, se ha incrementado en los centros de detención transitoria, sino también de las condiciones de privación de la libertad que claramente no se atienen a la dignidad humana.
De acuerdo a cifras reportadas por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional para el 5 de junio de 2022, solo 826 estaciones del país cuentan con sala de detenidos, las cuales disponen de una capacidad máxima para albergar 8.016 personas, pero que a la fecha reportan una ocupación de 21.482, presentando 168% de hacinamiento.
Todas estas situaciones, generan retos verdaderamente importantes que el próximo gobierno nacional deberá atender canalizando sus esfuerzos en pro de superar estas problemáticas.
La grave crisis carcelaria requiere de una pronta solución.