Este 25 de mayo se conmemora el Día nacional por la dignidad de las víctimas de violencia sexual y se cumplen veintiún años de los crímenes de secuestro, tortura y violación a los que fue sometida la periodista Jineth Bedoya. Dos décadas después, solo ha habido tres condenas y una solicitud parcial de perdón por parte del Estado
“Es muy difícil volver a bajar al infierno”. Lo vivió hace veintiún años, el 25 de mayo de 2000, para ser más exactos. Con una pistola en la cabeza fue secuestrada, ultrajada, golpeada, torturada y violada. Dieciséis horas de infierno. Dieciséis horas que cambiaron su vida para siempre. Veintiún años después, la historia de la periodista Jineth Bedoya horroriza igual que cuando se supo que, a pesar de los golpes, de su rostro desfigurado y las marcas permanentes en su cuerpo, había logrado aferrarse a la vida. No sabe cómo lo hizo y tampoco sabe por qué razón hasta hoy no habido justicia plena para castigar a los autores intelectuales que planearon ese abismo del que es muy difícil salir.
Jineth Bedoya sobrevive. Lo hace con el credo en la boca. Con las amenazas a diario contra su vida. Con la misión de luchar por el bienestar de las miles de mujeres maltratadas, ultrajadas. Lo hace con su campaña “No es hora de callar”, un espacio en donde mujeres como ella han encontrado consuelo y refugio para paliar esa barbarie maldita a la que han sido sometidas.
Hace veintiún años, Jineth era una reportera que trabajaba en El Espectador. Sus denuncias sobre los autores de tanta violencia en el país —paramilitares, guerrilla, narcotráfico— se convirtieron en grandes primicias que, por lo general, formaban parte de la primera página del periódico.
Una de las historias a la cual comenzó a seguirle el rastro estaba relacionada con el control de los paramilitares en la cárcel La Modelo, en Bogotá, y su abierto enfrentamiento contra los presos de las FARC. Esa confrontación entre los dos bandos se había trasladado a los patios de una de las penitenciarías más corruptas y hacinadas del país.
Como la excelente reportera que ha sido a lo largo de su vida periodística, ese 25 de mayo de 2000, Jineth decidió cumplir una cita en ese penal, con el fin de entrevistarse con Mario Jaimes Mejía, uno de los jefes paramilitares que era conocido con el alias del Panadero. Pero la cita resultó ser una trampa. En plena puerta principal de la prisión fue abordada e intimidada por un hombre que le puso una pistola sobre la cabeza y la condujo a una bodega aledaña, donde fue amarrada.
A partir de ese momento vivió dieciséis horas de horror. De la bodega fue sacada en un vehículo que se dirigió hacia las afueras de la ciudad, vía a los Llanos Orientales y en una parte del trayecto fue violentada, golpeada sin clemencia y violada masivamente. A un lado de la carretera la dejaron tirada, casi muerta. “Solo me gritaban que lo hacían para darle un escarmiento a la prensa”, relató a mediados de marzo pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante cerca de diez años, la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación permaneció quieta. En ese tiempo, Jineth Bedoya tuvo que asistir a doce citas, programadas por el fiscal que asumió el caso, para repetir su historia, su tragedia, su dolor, su tortura y su violación, y luego llorar en silencio por los pasillos que la regresaban a la realidad de su vida. Doce veces tuvo que contar la historia, pero no fueron suficientes para que el fiscal tomara una sola medida contra sus agresores.
Solo en el año 2012, cuando el proceso pasó a manos de un nuevo fiscal, las diligencias judiciales permitieron vincular a tres exparamilitares que posteriormente recibieron una condena de entre treinta y cuarenta años de cárcel. Al Panadero le dieron una pena de veintiocho años de prisión, pero los autores intelectuales, incluido un alto exoficial de la Policía, ni siquiera han sido llamados a indagatoria. “Creo que el tema de la justicia ha sido una de las peores cargas que he tenido que afrontar en estos veintiún años. No solo por la agresión y las amenazas que siguieron, sino un gran sinsabor por la falta de justicia”, expresó la periodista.
Como la justicia en Colombia no llegó como lo esperaba, en mayo de 2011, decidió llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta acción obligó a la Fiscalía a activar las investigaciones y un año después determinó que el secuestro, la tortura y la violación de Bedoya constituían “crímenes de lesa humanidad”, es decir, que su crimen no prescribiría y, con ello, persistiría la esperanza de que los autores intelectuales respondieran por estos delitos.
En favor de las mujeres
Cuando estuvo de vuelta a la vida, en 2009, decidió emprender un camino para ayudar a miles de mujeres que han vivido una situación similar; muchas de ellas no lograron sobrevivir para contar sus tragedias. En ese año nació la campaña “No es hora de callar”, un altavoz para las mujeres que piden justicia. “No es una opción guardar silencio”.
Esta campaña ha desempeñado un papel fundamental en los acuerdos de paz y en el reconocimiento de la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad. En agosto de 2018, Jineth Bedoya y su equipo de trabajo entregaron a la jurisdicción especial para la paz un enorme informe en el que fueron documentados 3000 casos de mujeres violentadas en el marco del conflicto armado en Colombia. Son víctimas de la guerrilla, de los paramilitares y de agentes del Estado.
A pesar de las amenazas constantes, de desplazarse siempre en carro blindado y escoltada por más de dieciocho años, Bedoya no ha dejado de lado el periodismo, la profesión que corre por sus venas. Su trabajo de reportera lo combina con el apoyo a las víctimas. El periódico El Tiempo, donde labora desde hace muchos años, abrió una ventana para impulsar la campaña “No es hora de callar”. Las historias que llegan a manos de los lectores, contadas por mujeres que han sufrido como nadie esa violencia, cortan la respiración.
El año pasado, el trabajo de Jineth y su equipo documentó doscientos feminicidios en Colombia. Mujeres indefensas que perdieron sus vidas a causa de la ferocidad de hombres que las golpearon y ultrajaron sin piedad. Ese vasto trabajo, tan doloroso y crudo, se ha convertido en esa luz de esperanza para las mujeres que, por fin, han encontrado eco a las denuncias de abuso y maltrato.
Responsabilidad a medias
El último episodio que ha vivido Jineth Bedoya para encontrar justicia a su caso corresponde a las dos audiencias realizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que el Estado colombiano, representado por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, admitió responsabilidad parcial por la violencia sexual, el secuestro y la tortura que sufrió la periodista y le pidió perdón.
La actuación de Camilo Gómez no ha estado exenta de una gran polémica, pues en la primera audiencia decidió retirar al equipo de abogados del Gobierno y recusar a cinco de los magistrados de la CIDH. La razón se fundamentó en que los “magistrados están prejuzgando a Colombia y se le está condenando sin ser escuchada”.
La audiencia, que finalmente se pudo llevar a cabo el pasado 23 de marzo, permitió volver a escuchar las sentidas frases de Jineth, en las que relató que en doce oportunidades ha tenido que narrar su violación ante las autoridades. “A mí me mataron la mañana del 25 de mayo del 2000; mi vida se destruyó”, se le escuchó con voz entrecortada ante los magistrados de la CIDH. Y, como una de las medidas de reparación por los delitos cometidos en su contra, solicitó que la cárcel La Modelo fuera cerrada y convertida en un espacio de memoria contra las víctimas de la violencia sexual.
Por último, el Gobierno recapacitó sobre haberse levantado de la audiencia y, a su regreso a la última sesión, Camilo Gómez declaró: “En nombre del Estado colombiano reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial, que no realizó una investigación penal digna para la víctima, al recaudar doce declaraciones y le pide perdón a Jineth Bedoya por estos hechos y por el daño que le causaron”.
No obstante, para la defensa de Bedoya, el reconocimiento parcial del Estado colombiano es insuficiente. “Nos parece lamentable, teniendo en cuenta la gravedad de las violaciones”. La propia Jineth rechazó el perdón que le pidió el Gobierno y afirmó que “fue como una bofetada. Un perdón total es reconocer que hay una ausencia de todas las líneas de investigación, pero, sobre todo, de todo el apoyo que se le puede dar a una mujer que ha sufrido la peor violencia que se puede ensañar contra un ser humano: la violencia sexual”.