En Estados Unidos, pero también en Colombia, el empresario barranquillero, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, tendrá que responder por millonarias operaciones de lavado de dinero y otros negocios fraudulentos con plata de Venezuela.
Por CÉSAR MELO
Periodista
El empresario barranquillero Álex Nain Saab Morán es considerado por la justicia de Estados Unidos como uno de los mayores testaferros del gobierno venezolano, durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Incluso la Corte del Sur de la Florida lo acusa de idear y utilizar un elaborado esquema de blanqueo de capital que operó entre 2011 y 2015, con el cual se dio apariencia de legalidad a una cifra cercana a los 350 millones de dólares, aprovechando el sistema financiero estadounidense y cuentas en otros países de América.
La estrategia, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estuvo basada en la suscripción de contratos con el gobierno de Venezuela con el fin de construir viviendas para personas de bajos recursos en ese país. Sin embargo, los materiales e insumos destinados para dicho proyecto nunca fueron importados, y para justificar la millonaria operación, se firmaron documentos falsificados por parte de funcionarios venezolanos. Además se investiga la compra productos de primera necesidad y de medicinas mediante la ejecución de convenios con millonarios sobrecostos.
Álex Saab y su socio, el colombiano Álvaro Pulido Vargas, emplearon cuentas bancarias del distrito Sur de la Florida para hacer el millonario lavado y, como si fuera poco, se reunieron en Miami para planear el pago de sobornos a servidores públicos, con el fin de dar apariencia de legalidad a las transacciones simuladas.
El barranquillero es acusado por ocho cargos relacionados con conspiración para cometer lavado de activos y siete cargos por blanqueo de capitales. Tras su extradición desde Cabo Verde, Saab tendrá que decidir si acepta colaborar con la justicia norteamericana para llegar a un acuerdo con el cual pueda rebajar su sentencia por los graves delitos.
LAS TRANSACCIONES EN COLOMBIA
La Fiscalía colombiana también tiene una investigación abierta contra Saab y su contador, Devis José Mendoza Lapeira, por el manejo de la empresa Shatex, una compañía dedicada a la comercialización e importación de textiles.
Los investigadores establecieron que en dicha empresa se cometieron diversas irregularidades para lavar más de 16 millones de dólares en Colombia a través de operaciones ficticias.
El proceso penal contra Saab se inició por una alerta de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que advirtió que su compañía estaría blanqueando capital desde el año 2007.
“Se detecta un posible lavado de activos en operaciones de comercio exterior valiéndose de aparentes exportaciones e importaciones ficticias del señor Álex Nain Saab Morán, en su calidad de socio mayoritario de la empresa Shatex SAS, ya que, al parecer, la mencionada empresa realizó exportaciones de textiles recibiendo menos ingresos de los que exportó”, señala la advertencia del organismo de inteligencia.
Así mismo, en el expediente de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía también reposa una denuncia radicada por el expresidente Álvaro Uribe, quien mencionó otros negocios de Saab en el país, en los cuales también habría un posible manejo de dinero del chavismo.
“El señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República de Colombia, expone información que daría cuenta sobre la relación de la empresa Fondo Global de Construcciones, dirigida por el señor Álex Saab Morán, con presuntas importaciones ficticias entre los países de Ecuador y Venezuela”, agrega.
Y es que para los investigadores es claro que los negocios de Saab en el país no se limitaron únicamente a Shatex, por lo que se rastrean otras compañías relacionadas con el empresario barranquillero y con otros posibles testaferros del chavismo. Así mismo, se indagan más bienes relacionados con otras operaciones de blanqueo de capitales, pues en un primer operativo se detectaron propiedades por más de 35 mil millones de pesos, a las cuales se les aplicó un proceso de extinción de dominio.
Revista Alternativa habló con uno de los investigadores asignados por la Fiscalía General de la Nación al proceso, quien advirtió que la entidad pedirá apoyo a la justicia de Estados Unidos para intercambiar información sobre la posible vinculación de otros colombianos en las operaciones financieras de testaferrato, con el fin de judicializarlos y decomisar otros bienes adquiridos de forma ilegal.
Adicionalmente, la fuente confirmó que hay un capítulo pendiente del proceso que involucra a Luis Alberto Saab Morán, hermano del empresario, quien también tendrá que responder por el manejo de la contabilidad de las empresas a las que habría entrado dinero relacionado con el régimen venezolano.
SHATEX, UNA EMPRESA FACHADA
La textilera Shatex sería solo la punta del iceberg de la red de lavado de dinero, y las investigaciones podrían tener mucho más fondo. Lo cierto es que los investigadores tienen hasta el momento plenamente identificadas las maniobras con las que se legalizaron exportaciones e importaciones por 16 millones de dólares, con lo cual la Fiscalía llevará a juicio a Saab por cinco delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, lavado de activos, estafa y exportación o importación ficticia, cargos por los cuales podría pagar una pena de más de 25 años de confinamiento carcelario.
El proceso penal en Colombia se adelantará de forma paralela al que se sigue en Estados Unidos, y Saab podrá ser contactado por teleconferencia.
Alternativa tiene en su poder un documento de 118 páginas, en el cual la Fiscalía describe las maniobras fraudulentas de Shatex y las transacciones por un valor que ronda los 33 mil millones de pesos, con dinero proveniente en su mayoría de Venezuela.
“(Shatex) realizó importaciones principalmente desde Panamá, entregando más divisas de las que importó; la diferencia de las importaciones con los egresos reportados por el Banco de la República corresponde a un valor aproximado de 16 millones de dólares (…) al cruzar los compradores internacionales se observó que en su mayoría no cruzan (coinciden) con los que registran en las declaraciones de exportaciones», expone el documento.
Para la Fiscalía la empresa habría engañado a través de las operaciones financieras a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y al Banco de Desarrollo Empresarial (Bancoldex): “Le mostraba una realidad financiera y operacional diferente a la DIAN, donde le revelaba unos ingresos menores con el propósito de pagar menos impuestos, en cambio al sector financiero le mostraba unos ingresos superiores para demostrarle que contaba con la capacidad económica suficiente para responder con las obligaciones financieras que pretendían adquirir (…) posteriormente con el propósito de obtener un provecho ilícito con actividades de exportaciones e importaciones ficticias se hicieron cobros a Bancoldex, estafando así al Estado colombiano”.
, por si no fuera suficiente, los peritos contables también encontraron que entre 2010 y 2012 la empresa ya no tenía una dirección física para ser ubicada. Sin embargo, la entidad seguía operando y realizando transacciones al extranjero, tal como lo confesó un extrabajador de la compañía.
“A partir de 2010 la empresa dejó de existir materialmente, según lo que manifestó el revisor fiscal Robinson Ruiz Guerrero. Sin embargo, se observó que seguía efectuando operaciones de ventas y compras”, agrega el informe contable elaborado por la Fiscalía.
Sobre el papel de Saab, el organismo estableció que él conocía plenamente el funcionamiento ilícito de la empresa, por lo que su objetivo fue el de legalizar el dinero que llegó desde Venezuela empleando varias maniobras financieras, de las cuales era totalmente consciente de que eran ilegales.
“Por medio de su gestión dentro de Shatex, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista, se le dio apariencia de legalidad a dineros de procedencia ilícita para ocultar su procedencia, al invertir, transformar y administrar los bienes de la compañía (…). Realizó importaciones principalmente desde Panamá, entregando más divisas de lo que importó”, concluye.
¿SAAB PRENDERÁ EL VENTILADOR?
El nombre de Álex Saab empezó a tomar relevancia al convertirse en uno de los mayores contratistas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa estatal venezolano para distribuir alimentos y medicamentos a la población de ese país, ante la escasez desencadenada entre 2013 y 2017. Adicional a ello, Saab logró millonarios convenios para construir más de dos millones de viviendas para personas de bajos recursos.
Sin embargo, las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos determinaron que el dinero del gobierno venezolano terminó en operaciones de lavado de activos con millonarios contratos inflados, los cuales habrían sido promovidos por integrantes de la cúpula chavista.
Además de Saab, los actos de corrupción y de desvío de recursos enredan al exgobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, así como al empresario Álvaro Pulido Vargas, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares para dar con su paradero.
Igualmente fueron acusados por la justicia norteamericana Emanuel Enrique Rubio González, hijo de Pulido; la venezolana Ana Jannette Guillermo, quien habría sido la encargada de abrir miles de cuentas en varios países para desviar el dinero de la corrupción; y, finalmente, el colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique, quien sería la mano derecha de Saab en el manejo de negocios en Venezuela.
Pese a los cargos en contra de estas cinco personas, el único que está detenido es Saab, luego de un proceso de extradición que duró casi un año tras su detención en Cabo Verde.
Las pruebas de Estados Unidos y la posibilidad de delatar como primer testigo podría llevar al acusado a confesar, para poder obtener beneficios judiciales como una reducción de su condena, a cambio de entregar los nombres de los máximos responsables de la trama de corrupción transnacional, que relacionaría a altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
Todos los esfuerzos del régimen de Caracas por presentar a Saab como un “diplomático secuestrado”, y por frenar su extradición, incluso nombrándolo negociador del oficialismo en la mesa de diálogo con la oposición en México, resultaron inútiles.
Saab ya está en Estados Unidos y eso tiene preocupada no solo a la cúpula del régimen venezolano, sino también a políticos y empresarios de la región, ante la posibilidad de que se descubra cómo se aprovecharon de los petrodólares venezolanos para su beneficio político y personal.
Una conexión incómoda
En el expediente en Colombia también se indaga la relación de Álex Saab con el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, quien tuvo vínculos con la empresa Trenaco Colombia SAS, que suscribió un millonario convenio con la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2015 para perforar 600 pozos.
En la sospechosa operación se investiga si Saab y Álvaro Pulido, socio suyo en varios empresas y diversos negocios, ayudaron a direccionar el contrato aprovechando sus influencias con el régimen de Venezuela, e incluso algunos medios del país vecino aseguran que los dos colombianos eran los dueños en la sombra de Trenaco.
Pese a suscribir dichos convenios, la compañía terminó en una liquidación judicial en 2018 por parte de la Superintendencia de Sociedades, al presentar pasivos por 109 mil millones de pesos.
En los Papeles de Panamá aparecieron documentos del bufete Mossack Fonseca, que vinculan a Gutiérrez con Trenaco. Su nombre cobra relevancia por ser concuñado del senador y precandidato presidencial Gustavo Petro, quien es considerado cercano al régimen venezolano. Petro niega cualquier relación con Gutiérrez y dice que solo fue amigo de su padre, un empresario de la papa.