Se está configurando una especie de tormenta perfecta que acecha al sistema eléctrico, que podría llevar a un racionamiento de energía entre enero y marzo de 2025, el cual podría anticiparse como lo ha reiterado el Contralor en un reciente pronunciamiento suyo. Su advertencia es clara: “si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicando a los usuarios”.
Se refirió él fundamentalmente a la acuciante situación financiera a la que estaban expuestas las empresas prestadoras del servicio de energía debido al lastre que les significa la suspensión del cobro de la deuda contraída por los usuarios por concepto de la opción tarifaria, que ronda los $5 billones, pues a pesar del anuncio del presidente de la República Gustavo Petro y su ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el sentido de que el Gobierno Nacional asumiría dicha deuda, aunque sólo la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, que asciende a $2.8 billones, hasta la fecha aún está en veremos.
Y, para agravar la situación, el Gobierno Nacional le adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno nada que se los reintegra. El ministro Camacho se limita a decir que su despacho ya los liquidó y que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda los gire. Lo grave está en que la liquidación no le da liquidez a las empresas sino el giro, que no se hace efectivo.
A la deuda se viene a añadir que el Gobierno no ha presupuestado los $1.2 billones correspondiente a los últimos cuatro meses de este año, razón por la cual está ante la imposibilidad de girarlo en esta vigencia y les tocará a las empresas aguardar para que lo hagan el año entrante. No hay de otra. La solicitud de parte de Air-e para que fuera intervenida por parte de la Superintendencia, alegando su insolvencia y la falta de flujo de caja, fue al mismo tiempo el detonante y el iceberg de esta crisis anunciada.
Más recientemente, la firma XM, responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN), en una alerta temprana, con base en una modelación realizada para el verano 2025-2026, según la cual la demanda proyectada por la UPME (junio, 2024) de energía será superior a la oferta de energía firme (OEF) del cargo por confiabilidad, que apenas alcanzará los 85.803 GWH/año.
De tal suerte que de presentarse un Niño, el que está a la vuelta de la esquina, habría desembalsamientos hasta el 47 % durante la próxima temporada de verano, valor superior al presentado en los últimos fenómenos climáticos de esta naturaleza. Con ello, “tendríamos valores mínimos de embalse al final de la estación de verano, cercanos al 25,3 %, nivel nunca visto en la operación durante los últimos 30 años”. Estamos, entonces, ante una situación de alto riesgo.
Por ello, recomienda XM que desde ya se debe ser prudentes por parte de los operadores de las centrales hidroeléctricas a la hora de utilizar los embalses que le sirven a las mismas, en previsión de la baja de los aportes hídricos, que pueden llegar a poner en riesgo la generación. Ello obligará a una mayor participación en la generación para atender la demanda del parque térmico de generación. Esto preocupa aún más que, según lo ha anunciado el presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB) Juan Ricardo Ortega, pronto pasaremos de la escasez del gas natural que demandan las térmicas a un déficit de suministro para el mes de diciembre, anticipándose a la previsión de Naturgas, que lo proyectaba para el 2025.
De hecho ya hay motivos de preocupación, los aportes hídricos para el mes de septiembre se situaron un 36 % por debajo de la media histórica y el nivel agregado de los embalses (54,52 %) es inferior en un 24 % del promedio histórico. Ello, debido a que, contra todos los pronósticos, la Niña que se anunció desde junio, además de débil, no se ha consolidado y este fenómeno está entrando en una fase de peligrosa neutralidad.
Preocupa sobremanera el contraste entre la proactividad de los ministerios de Ambiente y Vivienda, así como el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, preocupados por el bajo nivel de los embalses que sirven a los acueductos, disponiendo medidas de ahorro y uso racional del agua por parte de los usuarios, con la pasividad del Ministerio de Minas con respecto a lo que se viene registrando con relación a los embalses que le sirven a las hidroeléctricas, especialmente el de El Peñol, que surte a la hidroeléctrica de Guatapé, el único con capacidad de regulación superior a un año (los demás apenas superan los cuatro meses), que ha alcanzado un nivel crítico, de sólo 45,48 %.
Este estrés hídrico ha presionado al alza el precio en Bolsa de la energía, alcanzando para la fecha los $932.5 el KWH. Y al acercarse peligrosamente al precio de escasez, como lo dispone la norma regulatoria, se activó la cláusula de los contratos de firmeza condicionada que mantiene Ecopetrol con algunos de los distribuidores mayoristas, la cual prevé que cuando se presenta esta contingencia, para rebalancear la demanda, puede suspender la entrega de gas con destino al abastecimiento de gas vehicular, lo que hizo temer una parálisis del transporte, especialmente el que presta servicio público.
Esto con el fin de garantizar el suministro del gas requerido por las térmicas, que ahora son despachadas para suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas. Todo esto en medio de una escasez de gas en el país y ante la perspectiva de tener que importarlo a partir del próximo año, cuando el déficit de suministro será del 7.5 % y del 16 % en 2026.
Como lo señala la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, “la solución a la crítica situación energética que enfrenta el país no da más espera. El desabastecimiento de energía eléctrica está a la vuelta de la esquina, por lo que se acabó el tiempo para tomar decisiones que erradiquen, de una vez por todas, el riesgo de un apagón”. Sobre todo después de la advertencia de XM, “al considerar retrasos adicionales en la entrada en operación de proyectos eólicos, la alta exigencia del parque térmico, junto con las altas tasas de desembalsamiento durante el verano, se extiende a todos los años considerados en el análisis”, esto es 2025 y 2026.
Así las cosas, se impone la necesidad, urgente, de reactivar cuanto antes la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la situación energética del país (CACSSE) con el fin de tomar determinaciones tendientes a conjurar esta posible y probable contingencia.