La situación jurídica del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, investigado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, continúa sin resolverse, pese a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá, que palabras más palabras menos, señaló que “un juez no puede ordenar a la Fiscalía acusar, se trataría de una inaceptable intromisión en los roles que cada parte asume en el sistema penal colombiano”.
Es decir, que la Fiscalía tiene dos caminos: acusar al exmandatario y llevarlo al banquillo de la justicia o insistir, una vez más, en la preclusión penal, que va por su tercer intento. Y el Tribunal deja en claro que por ahora, no implica responsabilidad alguna del exmandatario. Pero deja también en claro que para insistir en la preclusión el ente acusador debe realizar una investigación más profunda de la que sustentó ante el Tribunal.
El expresidente Uribe se encamina a la posibilidad de ser el primer mandatario sentado en el banquillo de acusados y por un tema delicado: manipulación de testigos y fraude procesal, una historia que se remonta a 2012 y que en el 2018 tuvo un giro radical. Uribe pasó de acusador a acusado. Así de simple.
En el 2012 presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justica contra el senador Iván Cepeda por un supuesto complot, manejo de testigos falsos, visitas a las cárceles, con el fin de involucrarlo a él con el paramilitarismo.
Pero la Corte no solo falló a favor de Cepeda sino abrió investigación contra Álvaro Uribe bajo la sospecha que él y sus abogados habían manipulado testigos para acusar al senador.
Desde entonces, el expresidente ha vivido una compleja situación jurídica. Renunció a su cargo de senador para que su caso pasara a manos de la Fiscalía, quien ha venido insistiendo en prelucir el caso contra Uribe Vélez. Pero no ha sido una tarea fácil porque sus argumentos no han convencido a los altos tribunales.
¿Qué viene? En primer lugar, que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, revise las actuaciones del fiscal del caso y determine sí debe o no continuar al frente del mismo. Segundo, realizar una profunda evaluación de los argumentos que ha presentado el ente acusador y determinar qué vacíos tiene y cumplir con la solicitud del Tribunal de profundizar aún más en los argumentos jurídicos presentados. Tercero, tomar la vía de la acusación y llevar a Uribe ante un juez y la posibilidad de una condena.