“Nuestra reforma tributaria les subirá impuestos solo a los 4.000 más ricos” pregonaba el candidato Petro en 2022, enarbolando una de sus principales banderas bajo el lema de la “justicia tributaria”. Una narrativa que vendía a la primera reforma como algo novedoso, especialmente en cuanto a quiénes afectaría directamente. A estas alturas, no hace falta subrayar que esa promesa ha terminado como tantas otras: una gota más en el río de promesas incumplidas que atraviesa este Gobierno. Pero lo que sí merece atención es cómo hemos pasado de esa promesa rota a enfrentar un nuevo impuesto en dos de los departamentos costeños donde Petro ganó de manera contundente.
La Contribución Nacional de Valorización (CNV) es la nueva propuesta del Gobierno Nacional que, en palabras de la ministra de Transporte busca; “[…] recuperar parte del plusvalor y continuar generando la infraestructura que el país necesita para su desarrollo y competitividad”. Algo nunca usado por un gobierno central, por lo que el primer tramo que servirá de conejillo de indias es la vía Barranquilla – Cartagena, también conocida como ‘La Vía al Mar’, que cuenta con 248.656 predios según cifras del estudio técnico hecho por el propio Ministerio.
Como era de esperarse las opiniones en contra no se hicieron esperar, de las que se puede resaltar la actual demanda que la alcaldía de Barranquilla ya impetro ante el Consejo de Estado y las del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien previo a citar a debate de control político por el polémico impuesto afirmó; “los temas de país nos deben unir a todos, por eso hacemos este frente común para alzar la voz por la región Caribe, que es la primera golpeada, pero lo mismo viene para muchas regiones más. Este cobro es absolutamente antitécnico y confiscatorio, que llega a sumarse a la expropiación que sufrimos mes a mes con las tarifas de energía eléctrica”.
De la anterior declaración me gustaría rescatar dos términos que merecen ser ampliados para tener una mejor comprensión, los cuales son; antitécnico y confiscatorio. La CVN no es un impuesto técnicamente hablando sino una contribución, si bien ambos son tributos, su diferencia está en su hecho generador que, para la contribución, es el beneficio derivado que reciben los predios circundantes a la construcción de obra pública o de actividades estatales.
Como se puede concluir a priori, surgen muchas preguntas alrededor de esta contribución como ¿Es legal el método de calcular ese beneficio? ¿Qué se va a hacer con esos recursos? Y, la más importante, ¿Cómo se repartirá las cargas dentro de los propietarios? Porque mucho de los tramos de la vía fueron construidos hace más de cuarenta años, por lo que su “valorización” se cumplió hace décadas, además, el estado de ciertos kilómetros está generando problemas a los propietarios; como es el caso del kilómetro 85 que tiene problemas en cada temporada de lluvias y que este año va a recibir una inversión por concepto de reparación de $24.225 millones de pesos de INVÍAS.
Continuando con lo confiscatorio, una de las grandes problemáticas que posee Colombia es su marcada tendencia a la duplicidad en impuestos, tasas y contribuciones. Para el caso, es más que probable que a alguno de los propietarios le toque pagar predial, impuesto al patrimonio y valorización por un mismo terreno. Sin contar que las entidades territoriales pueden actualizar el catastro y aumentar la base sustentadas, precisamente, en las mejoras realizadas por la obra pública. Situaciones que solo desincentivan proyectos de inversión necesarios en tiempos de crisis económica.
La arista más espinosa del tema es la de ¿A dónde se va la plata? En palabras de Petro estos recursos “se invertirán en los municipios y sectores de la ciudad pobres” objetivo bastante ambiguo, pero que deja ver sin lugar a duda que se irá a las arcas nacionales. Ello generó rechazo por parte de los dos gobernadores y alcaldes de las capitales, señalando que esos recursos deberían ser reinvertidos en sus respectivas entidades territoriales. A lo que el Gobierno Nacional respondió con garantizar que el 50 % de lo recaudado será reinvertido en dichos territorios.
Siguiendo por esa línea, la otra cara es la destinación final del dinero recaudado, especialmente considerando que el Gobierno Nacional enfrenta niveles históricamente bajos de ejecución presupuestal. Como explicó el concejal Daniel Briseño en su cuenta de X sobre la nueva reforma tributaria: “El gobierno Petro NO necesita más plata. A la fecha tiene 185 billones de pesos sin comprometer, ese dinero se encuentra totalmente quieto en las cuentas de las entidades. Esto equivale a 15 reformas tributarias”. Asunto que no deja indiferente a los dirigentes locales que están en la primera línea de atención de las necesidades.
Por último, además de la problemática legal, tributaria y política que trae la CNV trae consigo un retroceso importante en materia de descentralización fiscal, irónicamente una de las banderas que la izquierda ha apoyado en la costa desde hace décadas a través del líder del movimiento Fuerza Ciudadana y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Lo que devela un Gobierno Nacional totalmente a espaldas no solo de sus electores, sino de las luchas políticas de sus aliados en el territorio.