Los planes de desarrollo aparecieron en el país en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien adoptó el llamado Plan Decenal, elaborado por la CEPAL. En el discurso de presentación, destacó la naturaleza indicativa de la planeación en una sociedad libre:
“El plan entra en el incierto territorio del porvenir (…) es una hipótesis (…) tiene diversas alternativas y de ninguna manera presume de la inflexibilidad que caracteriza la planificación de los Estados totalitarios, en donde el cuerpo económico de la nación está sujeto a decisiones que el cuerpo político puede imponer con el máximo rigor (…). Este plan parte esencialmente del fundamento de que los colombianos conservan una ilimitada libertad para buscar su destino, incluyendo la indispensable capacidad de equivocarse y hacerse daño…”.
Con Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), probablemente el más colbertiano de los presidentes colombianos, la planeación adopta una orientación más imperativa y condicionante de la actividad privada. Sus “planes y programas de desarrollo: 1969-1972”, que incluían análisis y diagnósticos en todos los campos —macroeconómicos, sectoriales, comercio exterior, etc.— marcarían el diseño y el concepto de los planes posteriores, hasta Barco Vargas, en los cuales el intervencionismo, el proteccionismo y el agrarismo cepalino tendrían lugar variable pero siempre privilegiado.
El pasado lunes 6 de febrero, el gobierno de Gustavo Petro radicó el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Aunque, de entrada, lo que más llama la atención en el Plan de Desarrollo de Petro Urrego, Colombia, potencia mundial de la vida, es la exuberancia del lenguaje, sus objetivos de “superación de las injusticias y las exclusiones”, “vivir una vida digna, basada en la justicia”, “cuidar la casa común”, “erradicar la pobreza”, “eliminar la inequidad” y toda suerte de lugares comunes del mismo jaez han sido también objetivos de todos los planes de desarrollo desde que, en la reforma constitucional de 1968, Carlos Lleras Restrepo añadiera al artículo 32 de la Constitución este parágrafo:
“Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular”.
Desde Lleras Restrepo todos los gobiernos buscaron realizar la justicia social con un aumento persistente del tamaño del Estado y de su control de la actividad económica.
La Revolución Pacífica de Gaviria Trujillo marcó una ruptura real en la orientación de la política económica y, más aún, en la concepción del papel del Estado en la economía. Se lee en el prólogo:
“En Colombia, donde existe una larga tradición de planeación seria y competente, los gobiernos han seguido siempre la misma fórmula. Consistía en tratar de extender, bajo la penuria relativa de un país subdesarrollado, la tolda protectora del Estado para cubrir un campo de actividades cada vez más diverso, con el objeto de llenar vacíos reales o imaginarios. (…) Sin embargo, a pesar de la seriedad incuestionable con que fueron elaborados, estos adolecían de defectos similares. Se inspiraban en una visión particular del Estado, según la cual el sector público, con su capacidad financiera y su vasta red de funcionarios, podía actuar en cualquier terreno económico con resultados afortunados”.
Foto: Ciudad Bolívar.
Eso es lo que Petro Urrego llama neoliberalismo.
Las reformas que busca desmontar —salud, pensiones, servicios públicos, sector eléctrico, apertura económica, financiera, laboral, etc.— provienen todas de la administración Gaviria.
El plan de Petro Urrego es la mera continuación del asistencialismo justicialista que en diversos grados ha caracterizado la planeación colombiana. Retoma el agrarismo y el proteccionismo cepalino
cuya realización solo le parece posible mediante un Estado más fuerte y más intervencionista y más dueño de poder discrecional, como puede leerse en la presentación:
“…Es fundamental que el Estado intervenga más (…) la discrecionalidad en el manejo de los ingresos y los gastos es más relevante que el ajuste a reglas fijas…”.
Hay más:
“Los porcentajes fijos, amarrados a normas constitucionales, han reducido considerablemente el lado discrecional de la política pública, y han limitado el margen de la planeación. La abundancia de reglas hace inflexibles los presupuestos y entorpece el diseño de programas estratégicos”.
Foto: La Guajira
Otra perla:
“…La política monetaria debe favorecer las necesidades de financiación inherentes a la transformación de la matriz energética; por ello, las decisiones de la autoridad monetaria se tienen que coordinar con las políticas de producción y empleo (…) la financiación de los proyectos estratégicos que se proponen en el Plan exige que haya concurrencia de recursos”.
La regla fiscal y la autonomía del emisor son los pilares de la estabilidad macroeconómica; el plan de Petro Urrego quiere acabar con la primera y convertir al Banco de la República en una especie de banca de fomento, volviendo a los tiempos de la Junta Monetaria, integrada por un grupo ministros encargados de repartir la base monetaria entre las clientelas del Gobierno.
Siguiendo la tradición de incluir las llamadas disposiciones instrumentales o mecanismos de ejecución, iniciada en el plan de desarrollo de Pastrana Arango, el plan de Petro se dejó venir con un proyecto de ley de plan de 300 artículos que toca todo el universo legislativo, modificando 81 artículos de leyes preexistentes, adicionando 35 y derogando expresamente más de 80.
Como si fuera poco, el artículo 298 otorga facultades extraordinarias al presidente para expedir decretos con fuerza de ley sobre 13 materias, incluida una reforma administrativa total, pues se le autoriza “crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar entidades de la Rama Ejecutiva o modificar su naturaleza jurídica”.
En síntesis: para realizar, ahora sí, la justicia social, Petro necesita una reforma administrativa total que le permita tener un Estado más poderoso, que intervenga más y con mayor discrecional, sin sujeción a reglas fijas, incluido el manejo discrecional de la emisión monetaria para financiar proyectos estratégicos de la transición energética.
Como diría Lleras Camargo: el cuerpo económico de la nación sujeto a las decisiones que el cuerpo político puede imponer con máximo rigor.