La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido abrir una investigación formal contra cinco congresistas y un excongresista por el presunto delito de cohecho impropio. Los funcionarios investigados serán citados a diligencias de indagatoria para que den su versión de los hechos y aporten cualquier información relevante en torno a los señalamientos en su contra.
Según el comunicado emitido por la Corte, la decisión se relaciona con presuntos acuerdos ilegales que habrían comprometido funciones propias de los miembros del Congreso de la República. También se menciona la posible participación de los investigados en irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).
Entre los congresistas involucrados en la investigación se encuentran Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. La Corte señala que se trata de funcionarios que habrían intervenido en presuntas negociaciones ilícitas.
Para tomar esta decisión, la Sala de Instrucción tuvo en cuenta más de cincuenta pruebas documentales y más de diez testimonios, los cuales fueron recopilados mediante órdenes de policía judicial. Con base en estos elementos, se construyó una hipótesis según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de recibir beneficios a través de contratos de la UNGRD.
En específico, se presume que los congresistas acordaron aprobar conceptos de operaciones de crédito a cambio de dádivas que se verían reflejadas en proyectos para Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). La Corte indicó que estos proyectos serían gestionados a través de la UNGRD y que los recursos obtenidos habrían estado destinados a estas localidades.
Los registros preliminares de la investigación muestran que en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, la CICP emitió trece de los dieciocho conceptos presentados por el Ministerio de Hacienda durante el 2023. Estos conceptos son señalados en el marco de la investigación como potenciales puntos de partida de los acuerdos ilegales.
Por otra parte, en esta investigación preliminar también figura el senador Julio Elías Chagüi Flórez. Sin embargo, la Sala indicó que las acusaciones en su contra corresponden a hechos distintos a los investigados en este caso. Por este motivo, se decidió enviar a reparto lo relacionado con el aforado Chagüi Flórez, para que un magistrado aparte sea designado y conozca estos señalamientos específicos.