La Corte Constitucional le propina otro duro revés al presidente Petro con el anuncio que ha declarado inexequibles cinco de los decretos de la Emergencia Social, Económica y Ecología, que había sido declarada el pasado 2 de julio por el Gobierno Nacional.
El primer decreto tumbado es el 1270, con el cual se había adoptado una serie de medidas para hacerle frente a la crisis de salud, entre otras, que viven los habitantes del departamento de la Guajira.
Los otros cuatro decretos que la Corte Constitucional objetó están relacionados con los temas de educación, energía, acceso al agua y saneamiento básico.
Al Alto tribunal todavía le queda por analizar seis de los decretos restantes que contenía el paquete de emergencia que había firmado el presidente Petro y sus ministros, en una reunión que se llevó a cabo en La Guajira.
La decisión fue tomada en Sala Plena por los magistrados del Alto Tribunal y que hacía parte de un paquete de decretos con los cuales el gobierno buscaba hacerle frente a la crisis social y económica que se vive en esta región del país.
El decreto 1217 que ha tumbado la Corte Constitucional hace referencia a las medidas en materia de salud que se pretendían prestar a través de los Centros de Atención Primaria en salud (Caps), que además iban a recibir giros directos por parte del gobierno. El decreto también señalaba la creación de un modelo de atención en salud intercultural, que tendría la participación tanto del Ministerio de Salud, como la Secretaría de Salud del departamento y las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas.
En otras palabras, un laboratorio de ensayo de lo que pretende el gobierno de Petro con la reforma a la salud. No es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre las medidas de emergencia que optó el gobierno en la Guajira.
Los otros decretos declarados inexequibles son 1271, que están relacionados con el uso del espectro radioeléctrico, para el sector de las Tics y atender también la emergencia de comunicaciones en esa región del país.
El decreto 1278, que también tumbó el Alto Tribunal tiene que ver con las medidas de emergencia en material cultural con el fin de proteger la riqueza cultural del pueblo wayúu.
El pasado 2 de octubre el Alto Tribunal había señalado que los problemas de salud, alimentación y economía, no se podían resolver concediéndole poderes extraordinarios al presidente de la República y sin que estas medidas pasaran por la aprobación del Congreso.