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Juez fijó fecha para imputación de cargos en caso de adjudicación irregular de títulos mineros

La Fiscalía General de la Nación ha programado para el 30 de julio la audiencia de imputación de cargos contra funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y empleados de la empresa ULTRACEM, acusados de apropiación indebida de títulos mineros.

Foto: Getty Images

El Juzgado Séptimo de Barranquilla será el escenario donde, después de más de un año de haberse radicado la solicitud, se llevará a cabo la imputación de cargos contra varios funcionarios involucrados en un presunto caso de apropiación irregular de títulos mineros. Los implicados en este proceso judicial son Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero y Lucero Castañeda Hernández, todos empleados de la Agencia Nacional de Minería, así como Julián Alberto Vázquez Arango, representante legal de la empresa ULTRACEM.

La Fiscalía presentará ante el juzgado el material probatorio que, según la entidad, demostraría la responsabilidad de los imputados en los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Estos cargos están relacionados con la presunta emisión de resoluciones o actos administrativos contrarios a la ley, que habrían beneficiado a la empresa ULTRACEM en la adjudicación de un título minero.

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Pedro Ospino Polo, abogado representante de las víctimas en el caso, ha señalado que las acciones bajo investigación habrían favorecido a ULTRACEM en la obtención de permisos para explorar y explotar un yacimiento de minerales. Los municipios afectados por esta adjudicación presuntamente irregular incluyen Barranquilla y Puerto Colombia, entre otros en el departamento del Atlántico.

El proceso judicial que se inicia con esta imputación de cargos busca esclarecer las circunstancias en las que se otorgaron estos títulos mineros y determinar si hubo irregularidades en el proceso de adjudicación. La audiencia programada para el 30 de julio marca un hito importante en este caso, que ha estado en desarrollo durante más de un año desde la presentación inicial de la solicitud de imputación.