En un giro significativo en la disputa por la rectoría de la Universidad Nacional, José Ismael Peña ha obtenido una victoria judicial al ganar la tutela que él mismo interpuso. Peña argumentó que la resolución del Gobierno, que ordenaba el nombramiento de un rector encargado, violaba los principios de autonomía universitaria. La controversia surgió a raíz de su posesión como rector en una notaría de Bogotá, procedimiento que fue cuestionado por presuntas irregularidades.
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Peña destacó la importancia de recurrir a la justicia en Colombia para garantizar la correcta ejecución de procedimientos y procesos. Subrayó que el derecho al debido proceso era el principal derecho tutelado en su caso, ya que consideró inapropiado que se nombrara un rector encargado sin que se hubiera determinado la legalidad de su designación por parte de los jueces. Para Peña, la intervención judicial fue crucial para salvaguardar los principios de autonomía universitaria y legalidad.
Ante las críticas de que había violado el debido proceso al asumir la rectoría en una notaría, Peña respondió que se vio obligado a actuar de esa manera debido al silencio del Consejo Superior Universitario. Explicó que, ante la falta de respuesta, decidió tomar posesión conforme a la normativa vigente, resaltando que su actuación estuvo dentro del marco legal establecido. Esta explicación buscaba aclarar las razones detrás de su controvertido nombramiento.
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En relación con el futuro de la Universidad Nacional, Peña manifestó que se están implementando medidas para flexibilizar el calendario académico. El objetivo es facilitar que estudiantes y profesores puedan retomar sus actividades normales, a pesar de la actual falta de reconocimiento oficial por parte del Gobierno. Esta situación ha generado desafíos significativos para la gestión académica y administrativa de la universidad.
A pesar de las dificultades, Peña afirmó que continuará desempeñando sus funciones como rector, siempre respetando la normatividad vigente. Expresó su compromiso con la institución y su determinación de cumplir con sus responsabilidades mientras se resuelven los procesos legales pendientes. Peña aseguró que, en caso de que el Consejo de Estado emita una decisión contraria, acatará la orden de manera inmediata, demostrando su respeto por el Estado de derecho.