Si Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de ‘Jorge 40’, quiere obtener los beneficios jurídicos que otorga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre ellos que sea excarcelado mientras es procesado por sus crímenes como jefe paramilitar, debe contar todo lo que sabe y demostrar sin visos de duda que colaboró y financió el paramilitarismo e hizo parte de la fuerza pública como ‘bisagra’.
No será una tarea fácil para un ex paramilitar y narcotraficante que se ha empeñado en ocultar detalles de su pasado en la guerra de la que fue artífice en el Caribe colombiano al frente del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ya tuvo una oportunidad y la desperdició: fue postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, y rechazó cualquier aporte a esclarecer la verdad y a colaborar de manera efectiva con la justicia. En razón de ello, fue expulsado de ese proceso transicional.
Su silencio al respecto estuvo ligado a su reclusión en una cárcel estadounidense, tras ser extraditado el 13 de mayo de 2008 para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas ilícitas hacia ese país. Durante 12 años estuvo tras las rejas y luego de quedar en libertad, el 6 de septiembre de 2020, fue deportado a Colombia y detenido apenas pisó el territorio nacional. Lo esperaba una condena de 40 años de prisión.
Para un hombre que ya cuenta con 72 años de edad, una sentencia de esa magnitud es casi que una cadena perpetua. Por eso tocó la puerta de la JEP: quiere que sea acogido de manera voluntaria con el fin de recibir beneficios, entre ellos la excarcelación. Inicialmente fue rechazado, pero, tras apelar la decisión, este tribunal le dio una bala de oxígeno: en una “audiencia única de verdad plena”, debería “demostrar fehacientemente que antes de integrar el Bloque Norte de las AUC, cometió delitos del conflicto como tercer colaborador y financiador del paramilitarismo, y que, como comandante del grupo armado organizado, se incorporó material y funcionalmente a la fuerza pública a partir de su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar, y de su calidad de posible máximo responsable de la formulación y ejecución de patrones macro criminales conjuntos”.
Foto: Familiares de víctimas de “falsos positivos” asisten al acto simbólico en Medellín (Colombia). Fuente: EFE/ Luis Eduardo Noriega A.
Esa audiencia se realizó el 26 y 27 de enero pasado. En resumidas cuentas, no demostró nada de lo que la JEP le exigió.
Este tribunal le exigió atender un cuestionario que contenía 38 preguntas. En esos dos días alias ‘Jorge 40’ no solo esquivó las respuestas, sino que impuso su relato, en el que primó una versión victimizante, desligándose de cualquier responsabilidad criminal y fortaleciendo la noción de autodefensa ante la ausencia de Estado.
Además, dedicó buena parte del tiempo que le concedió la JEP para despotricar de ese tribunal y de proponer que a exparamilitares como él deberían ser juzgados en “tribunales populares” en aquellas zonas donde hicieron presencia armada. De esa manera, intentó soslayar las preguntas que debería responder para demostrar que sí fue financiador de estructuras paramilitares y se articuló con la fuerza pública para enfrentar a los grupos guerrilleros en el departamento del Cesar y en otras regiones del Caribe colombiano.
¿Y qué preguntas hasta ahora no ha respondido? Las referidas a la financiación proveniente de empresarios y el provecho que sacó el Bloque Norte de las AUC del narcotráfico y de la cooptación de las rentas públicas, en particular del sector de la salud en el departamento del Atlántico.
Foto: Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de ‘Jorge 40’.
Además, dilató respuestas conducentes a establecer cuál fue “el respaldo de terceros, miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado para la instalación del Bloque Norte de las AUC en el Cesar y en departamentos circundantes”.
En relación con ese tema, ha sido nulo su aporte para determinar “cuáles fueron sus relaciones con la comandancia de las fuerzas militares, de policía y de otros organismos de seguridad del Estado en las zonas de injerencia del Bloque Norte de las AUC”. Se le exigió que entregara información sobre unidades militares como Primera División del Ejército Nacional y la Segunda Brigada del Ejército Nacional, así como un conjunto de guarniciones de varios departamentos del Caribe, y detallara “nombres, calidades y cargos o rangos de las personas involucradas en el relacionamiento entre la fuerza pública y los paramilitares”.
Por ahora, alias ‘Jorge 40’ no ha superado lo que la JEP llama “el test de verdad”, lo que significa que a los próximos encuentros con los magistrados deberá comprometerse con la verdad y despojarse de su faceta de víctima
Una actitud que molesta a quienes sí realmente son víctimas de este exparamilitar y de sus hombres, que crearon una poderosa máquina de guerra que ensangrentó el Caribe colombiano.