El fallo billonario de la Contraloría, por la cadena de errores en la monumental obra, tiene en vilo la candidatura presidencial de Sergio Fajardo. Una novela de 2.500 páginas sobre la improvisación y el descontrol.
Por César Melo Romero
Periodista
La represa Hidroituango, uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos en la historia del país, ya es uno de los peores ejemplos de desarrollo de una obra pública y puede ser la causa de uno de los más sonados entierros políticos de los últimos años.
En el centro de todo, en estos momentos, está el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien está viendo, como río abajo en el cauce de las investigaciones por el desastre, cómo se están yendo sus posibilidades de aspirar a la Presidencia de la República.
Fajardo es el más notorio de los 26 actores –17 personas naturales y 9 empresas– responsabilizados por la Contraloría General del errado desarrollo del proyecto que, según el mismo ente, ha dejado perjuicios por 4,3 billones de pesos, los cuales pueden ser más porque la hidroeléctrica, diseñada para proveer el 17 % de la energía eléctrica del país, aún no está concluida.
FALTA DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA
Tras investigar a fondo las características del proyecto y hacer visitas técnicas durante más de dos años, la Contraloría General de la República encontró graves inconsistencias en la vigilancia y el desarrollo de la construcción de la más grande represa del país.
Para el ente de control, una de las pruebas más claras sobre las irregularidades quedó evidenciada en 2018, cuando se presentó una contingencia por el represamiento del río Cauca, a causa del bloqueo de los túneles de desviación (parte clave de la obra), lo que llevó a que se inundara el cuarto de máquinas y, por ende, al retraso en el cronograma para la entrada en funcionamiento de la represa, programado para diciembre del mismo año.
El bloqueo de los túneles también desató una crisis humanitaria, dado que cerca de 25.000 habitantes de las riberas del río tuvieron que ser evacuados hacia otros lugares ante el riesgo inminente de desborde del caudal.
Uno de los investigadores de la Contraloría le dijo a Alternativa que los documentos y las declaraciones recaudadas permitieron establecer claramente que “hubo acciones y omisiones que provocaron el billonario daño”. Los constantes retrasos por falta de planificación y vigilancia para hacer cumplir los cronogramas de la obra generaron la altísima factura.
El ente de control fiscal responsabiliza de ello, en primer lugar, a los actuales constructores de la megaobra: el consorcio CCC Ituango, conformado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Así mismo, la Contraloría declaró responsables fiscales al exgobernador Fajardo y al exgobernador conservador Luis Alfredo Ramos Botero; al exalcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo, a los exgerentes de Empresas Públicas de Medellín (EPM) Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle, y a otros exintegrantes de la junta directiva.
El vicecontralor Julián Ruíz explicó que esta decisión es una de las mayores sanciones en materia fiscal, y está sustentada en dos factores: el primero por el aumento en el presupuesto de la obra, que se calcula en 3,1 billones de pesos, es decir, un incremento del 114 % con respecto a la proyección inicial. Paralelamente, se produjo un lucro cesante por 1,1 billones de pesos, dado que la hidroeléctrica tenía que empezar a producir energía en diciembre de 2018.
“Se tiene probado que a hoy el proyecto no ha comenzado a generar energía. Los informes demuestran que no puede hablarse de efectividad cuando el proyecto no ha entrado en operación y en consecuencia no produce ni siquiera un kilovatio de energía. Y tres años después de la fecha esperada no existe certeza de su entrada en operación”, explicó una fuente.
«A pesar de conocer las situaciones irregulares que se estaban presentando en Hidroituango, (Fajardo) no puso su conocimiento y sus capacidades al servicio del proyecto, del Departamento de Antioquia y del país».
DESCONTROL E IMPROVISACIÓN
En su fallo de 2.511 páginas, la contralora de la Unidad de Investigaciones contra la Corrupción, Juliana Velasco, asegura que es claro que al llegar el año 2018 la obra estaba ya “en una situación de vulnerabilidad”, la cual se agravó por el aumento del caudal del Cauca, sin que existiera una medida para prevenir y controlar la crisis desatada por la temporada invernal ocurrida entre abril y mayo.
Para la Contraloría, la contingencia de 2018 se sumó a “una serie de hechos sucesivos y concatenados que contribuyeron a aumentar de manera injustificada las inversiones, lo que llevó a que se destruyera el valor neto del proyecto, y como consecuencia de la no entrada en operación, no se generara ni se comercializara energía, ocasionando un lucro cesante”, el cual se considera como daño dentro de la causa fiscal.
Puntualmente, la Contraloría dice que hubo anomalías que fueron probadas y que demuestran las inconsistencias, como el atraso en la elaboración de los diseños y la construcción de las vías de acceso al proyecto; los incumplimientos con los diseños de las obras principales por falta de planeación; y desórdenes administrativos de los directivos de la obra, quienes no exigieron a los gerentes cumplir en el tiempo pactado las determinaciones surgidas en las juntas.
Además hubo “decisiones improvisadas que introdujeron modificaciones sustanciales a las características del proyecto”, denuncia la entidad.
En la cadena de errores, la Contraloría dice que los entonces gerentes de EPM “aceleraron de manera negligente la obra”, para tratar de ponerse al día con el cronograma ante los graves retrasos. La entidad asegura que fue inadecuado ceder entre contratistas obras principales, como un túnel auxiliar de desviación del río, sin medir el costo y el impacto a futuro.
“En el desarrollo del plan de aceleración aceptado por la junta de Hidroituango se prescindió de las estructuras de cierre de los túneles de desviación originales, se modificaron los diseños originales y se construyó un tercer túnel no aconsejable técnicamente, con defectos de diseño y constructivos, que finalmente colapsó”, sentencia el ente de control fiscal.
En el documento, la Contraloría es clara al advertir que la construcción de la obra para la represa estuvo marcada por la presentación y aprobación de programas de recuperación del cronograma debido a las constantes demoras, lo cual implicó una inversión que no se tenía presupuestada, así como la adopción de decisiones “riesgosas” tanto para la comunidad, como para el desarrollo del proyecto.
Ante los reiterados cambios en los diseños y en la planeación de las obras, el ente de control fiscal también le pidió investigar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales si los permisos correspondientes se tramitaron de forma adecuada, incluido uno relacionado con la elevación de la altura de la represa.
La decisión de la Contraloría afecta directamente el tablero político para las elecciones presidenciales de 2022, dado que entre los sancionados está el precandidato presidencial de la llamada Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo.
‘NI ACTUÓ NI DIO INSTRUCCIONES’
La determinación de la Contraloría es la primera sanción judicial contra Fajardo, quien también enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo señalara por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en un caso que tiene relación con un préstamo bancario suscrito cuando era gobernador con CorpBanca por 77 millones de dólares, el cual se suscribió sin hacer un estudio sobre la volatilidad de la moneda extranjera.
No obstante, en el proceso de Fajardo en la Fiscalía aún no hay un veredicto, mientras que en el caso de la Contraloría ya hay una decisión que lo declara responsable.
En su fallo, el ente de control tiene un apartado dedicado a explicar el papel de Fajardo en la vigilancia del proyecto como gobernador durante el periodo de 2012 a 2015: “A pesar de conocer las situaciones irregulares que se estaban presentando en Hidroituango, no puso su conocimiento y sus capacidades al servicio del proyecto, del Departamento de Antioquia y del país, tomando acciones o dando instrucciones efectivas para contrarrestar o mitigar los efectos negativos de las mismas”.
La Contraloría agrega que el exmandatario no dio instrucciones a sus subalternos para tomar decisiones frente al desarrollo de la obra: “El señor Fajardo sí conoció pormenores, como son los atrasos de la obra, los problemas con el contratista de los túneles y los problemas con la licencia ambiental, así como la imposibilidad de desviar el río en las fechas programadas”.
El exmandatario se ha defendido asegurando que “tiene la tranquilidad de que obró bien” y apeló la determinación, que será revisada directamente por el despacho del contralor general, Felipe Córdoba.
Fajardo ha dicho que ve detrás de todo esto una intención política, dados los nexos de quienes los investigan con personas eventualmente interesadas en golpear la imagen y la carrera del exgobernador.
El vicecontralor Julián Ruíz rechazó las versiones sobre el origen político de la decisión de la entidad. “Este es un fallo con unas pruebas aportadas, que tiene todo el ejercicio de contradicción, y para el que se han brindado todas la garantías”.
Mientras Fajardo y los otros 25 actores responsabilizados del desastroso desarrollo de la obra buscan apelar, esta sigue avanzando, aunque el fallo de la Contraloría deja abierta la posibilidad de que los actuales contratistas no puedan concluirla, pues la sanción económica los afectaría fuertemente.
Quienes respaldan a Fajardo buscarán que el caso sea observado por instancias internacionales, para que la Contraloría “respete las garantías” durante el trámite de apelación del fallo, que podría llegar hasta el Consejo de Estado.
“EPM se vería forzada a reabrir un proceso en busca de nuevas empresas, con el músculo para finalizar la ejecución de la megaobra, situación que se constituiría en un retroceso colosal, dado que, en un proyecto de semejante envergadura, el cambio de contratista y la incorporación plena de uno nuevo, puede tomar meses e incluso años”, advirtió la Cámara Colombiana de Infraestructura, que no duda en decir que la seguridad energética del país está en riesgo.