El ente de control presentó observaciones al proyecto de reforma pensional enviado por el Gobierno Nacional a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos. En estas observaciones, señaló la necesidad de revisar cuatro asuntos estructurales que, de no ajustarse, harían inviable su implementación.
La Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social mencionó que la falta de reglamentación de al menos 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, además de generar altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros. Estas deficiencias podrían comprometer la viabilidad de la reforma.
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Según las cifras analizadas por la Procuraduría, Colpensiones no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas. Esta situación representa un reto significativo para la implementación de la reforma.
La Procuraduría advirtió sobre la necesidad de que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Congreso de la República tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación. Estos datos deben ser considerados en el análisis del valor en todos los pilares a mediano y largo plazo.
Adicionalmente, el ente de control precisó que el Ministerio de Trabajo y el Congreso deben tener en cuenta que, actualmente y de cara al 1 de julio de 2025, fecha planteada para iniciar operaciones, Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma. Por lo tanto, sugirió considerar su implementación de forma gradual a partir de 2026.