Desde Villa de Leyva, el Gobierno colombiano presentó su plan denominado “Acuerdo Mínimo contra la Violencia y por la Democracia”, enfocado en garantizar la seguridad y el respeto a la democracia en el país.
Este plan se estructura en cinco ejes principales: erradicar la violencia en la política, respetar las reglas electorales, transformar las zonas afectadas por el conflicto, impulsar el cambio en la economía y promover el diálogo argumentado para las reformas sociales en el Congreso.
Uno de los pilares del acuerdo es el compromiso del Gobierno de recuperar los valores democráticos mediante el ejemplo, moderando el lenguaje en los debates políticos y promoviendo el respeto a la diferencia y el disenso. En este sentido, se busca reducir la polarización que ha caracterizado las discusiones políticas recientes. El ministro Juan Fernando Cristo ha sido designado para liderar el cumplimiento de este acuerdo, por lo que ha mantenido reuniones con empresarios, congresistas y representantes de gremios.
El acuerdo también incluye una clara postura contra la reelección o cualquier intento de alterar los periodos de los mandatarios ejecutivos de elección popular. Esto se plantea en respuesta a iniciativas impulsadas por sectores como el Pacto Histórico, que habían propuesto modificar los mandatos. Sin embargo, el Gobierno ha reafirmado su posición de respetar los tiempos establecidos en la constitución.
En cuanto a la seguridad política, el plan promueve la implementación de medidas para eliminar la violencia en la política y aboga por el “desescalamiento del lenguaje” en los discursos públicos. Este esfuerzo busca garantizar un ambiente de respeto en el que la oposición y los diferentes sectores puedan participar sin temor a represalias.
El tercer punto del acuerdo se enfoca en la transformación de los territorios más afectados por el conflicto armado, promoviendo el diálogo con todos los actores de la sociedad en estas regiones. El objetivo es generar condiciones de estabilidad y desarrollo en las zonas más golpeadas por la violencia.
Finalmente, el plan subraya la necesidad de alcanzar consensos en el Congreso para avanzar con las reformas sociales. “Acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso para discutir un grupo prioritario de proyectos que forman parte de la agenda legislativa actual y darles trámite para su aprobación, siempre en el marco del respeto a la oposición”, señala el comunicado del Gobierno, que busca apoyo para la implementación de su agenda legislativa.