Fueron 6.402, según los números de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero este martes, en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, el Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha perdido perdón por 19 «falsos positivos» cometidos en 2008 en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).
Julián Oviedo, Carlos Alberto Redondo, Mario Alexánder Arena, Diego Alberto Tamayo u Omar Leonardo Triana son algunos de estos 19 jóvenes procedentes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que fueron engañados con promesas de falsos trabajos para ser asesinados y presentados como bajas guerrilleras en combate por el Ejército en Norte del Santander.
A pesar de los años, no hay una sola madre a la que no se le quiebre la voz cuando pronuncia en alto en nombre de su hijo: «Soy madre de Diego Armando Marín Giraldo, un chico asesinado por la Brigada 15 de Norte de Santander», alegó Rubiela Giraldo.
Como ella, una tras otra las madres de estos 19 muchachos subieron al escenario, con retratos a mano o fotografías de sus hijos y camisas blancas. «No pensé que se llegaría a dar una excusa», decía incrédula la primera de ellas, Gloria Ástrid Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, asesinado el 9 de febrero de 2008.
Quién dio la orden
«Muchas gracias», se han limitado a decir algunas madres al coger el micrófono, después de repetir el nombre de sus hijos. Pero, a pesar de la gratitud por el acto, las madres incidieron en que llega tarde y las excusas vienen por parte de un Gobierno que no tuvo que ver en los hechos: «este acto debe ser un acto de perdón y no debería ser el ministro que está actualmente (el que lo haga)», aludió Martínez.
Mientras que Florinda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, asesinado el 15 de enero de 2008, señalaba directamente: «era Juan Manuel Santos, el que debería haber estado presente para que nos diera la cara y nos pidiera perdón», criticó.
Santos, quien como presidente ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 tras firmar la paz con las FARC, fue uno de los ministros de Defensa durante los peores años de ejecuciones extrajudiciales, que coincidieron con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La JEP, el tribunal especial creado por el acuerdo de paz, que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un «patrón macrocriminal» en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de 6.402 jóvenes, sobre todo de bajos recursos.
Desde entonces, madres como las de Soacha han emprendido una búsqueda por sus hijos, por recuperar los cuerpos que fueron desaparecidos, pero también por exigir justicia y saber «quién dio la orden» para que los asesinaran.
«Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para lograr encontrar a los verdaderos responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer estos crímenes», alegó Jackelin Castillo, hermana de Jaime Castillo y presidenta de las Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo).
El perdón
Uno a uno, el ministro de Defensa ha pronunciado los nombres de las «madres que con tanta valentía durante tantos años han luchado por la verdad, por la justicia, por las garantías de no repetición» y el de sus hijos; nombres que durante años el Estado negó haber asesinado. «(Los jóvenes) no estarían recogiendo café», llegó a decir Uribe, que años después se arrepintió de las palabras.
«Venimos a pedir perdón pero sabemos que hoy es difícil obtener ese perdón porque ha habido un Estado que ha pretendido ocultar la verdad, porque ha habido unas autoridades que han pretendido que los hechos no fueron como ya están suficientemente establecidos», aseguró el ministro.
Velásquez aseguró que las disculpas se realizan no sólo para acatar una orden judicial sino «especialmente porque obedece a nuestras convicciones democráticas».
«Para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad no eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva, no asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares; eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército nacional», apuntó el ministro.
Por eso, en nombre del Estado colombiano aseguró: «Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo, reconocemos la responsabilidad del Estado en su ejecución» y de esa forma reconocer, como una de las madres ha subrayado, que «estas locas tenían razón» en su búsqueda de justicia. (EFE)