Durante la mañana de este miércoles, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se reunió con más de 20 gobernadores del país agremiados en la Federación Nacional de Departamentos. A la salida de la cumbre, tanto Cepeda como los mandatarios departamentales alertaron sobre los recortes que el Gobierno planea realizar en sus respectivos territorios en el decreto de presupuesto que se expedirá el próximo 21 de octubre.
Cepeda declaró que “se viene recentralizando más el país”, señalando que “el 80 % de los recursos se manejan en la nación”. El senador también mencionó la “renuencia de acudir a gobernadores y alcaldes para la ejecución presupuestal”, añadiendo que, hasta agosto, había 79 billones de pesos del gobierno central en bancos y fiducias que los ciudadanos esperan ver convertidos en obras.
Los recortes presupuestales plantean serios desafíos para varios departamentos, que podrían enfrentar reducciones entre el 20% y el 30% de sus recursos para el próximo año. Según los gobernadores, el Gobierno nacional está castigando de manera especial a regiones como Antioquia, el Valle del Cauca y la Costa Caribe.
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El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, indicó que su región experimentaría una reducción del 23%, complicando la superación de problemas como la desnutrición infantil y el cierre de brechas de desigualdad. “Yo creo que aquí urge una mesa con el gobierno nacional”, afirmó, aludiendo a la necesidad de atender proyectos importantes para las zonas más vulnerables.
La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, expresó su sorpresa ante una “disminución del presupuesto del 37.8%”, lo que dificultaría la ejecución de su plan de desarrollo y la realización de proyectos estratégicos en áreas como salud, educación y construcción de vías.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para abordar las inquietudes de los gobernadores, afirmando que comprende sus preocupaciones pero que el aumento en el gasto se debe al pago de la deuda dejada por el gobierno de Duque. “La ley de financiamiento es fundamental y necesitamos del apoyo de los gobernadores con sus bancadas para aprobarla”, añadió Petro, explicando que esta ley no impondrá impuestos sobre la clase trabajadora, sino que se enfocará en los super ricos y en la eliminación de privilegios tributarios. El presupuesto a ser decretado en los próximos días asciende a $523 billones, con una necesidad de aprobación de la ley de financiamiento por 12 billones de pesos por parte del Congreso.