La fiscal general Luz Adriana Camargo ha firmado una nueva directiva que reemplaza las directrices anteriores establecidas por el entonces fiscal Francisco Barbosa en junio de 2021. Este cambio, anunciado el 10 de septiembre, busca redefinir cómo los fiscales deben manejar los casos relacionados con protestas sociales, con un enfoque en garantizar el respeto al derecho a la protesta pacífica y limitar el poder punitivo del Estado.
El documento, que consta de cuatro capítulos, aborda aspectos como la protección de la protesta social pacífica, los límites del poder punitivo, la tipificación de los delitos y el proceso de investigación y judicialización. Uno de los puntos destacados de la nueva directiva es la descriminalización de la protesta social, pidiendo a los fiscales que actúen sin prejuicios.
“Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”, señala la nueva directiva. El documento aclara que no se debe considerar violencia contra servidores públicos el uso de “lenguaje verbal fuerte” o “expresiones vehementes de inconformidad”.
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Otro aspecto relevante de la directiva establece que los fiscales deben distinguir entre actos delictivos y la protesta social. Los delitos como hurtos o agresiones sexuales no deben ser vinculados automáticamente con la protesta social. La directiva especifica que los fiscales deben investigar comportamientos delictivos sin criminalizar la protesta misma.
La nueva normativa también exige un control riguroso de la legalidad en las capturas y aprehensiones realizadas por la Policía. Los fiscales deberán investigar a fondo las denuncias de extralimitaciones de la fuerza pública y asegurar que se respete el derecho a la protesta. Las decisiones procesales podrán incluir la inadmisión de denuncias sin fundamento o el archivo de procesos cuando no haya elementos suficientes para continuar la investigación.
Además, la directiva establece que, en general, la justicia ordinaria será la competente para investigar y judicializar delitos ocurridos durante las manifestaciones, en lugar de la Justicia Penal Militar. Esta medida busca asegurar una mayor protección de los derechos de los manifestantes y una gestión más adecuada de las situaciones de conflicto en el contexto de las protestas sociales.