En el inmueble, situado en el barrio La Asomadera 2 de Medellín y valorado en 12.000 millones de pesos (unos 2,9 millones de dólares), reside Roberto de Jesús Escobar, alias "El Osito", hermano del capo, informó este viernes la Fiscalía.
"Esta propiedad en la que actualmente son exhibidos artículos alusivos al exjefe del extinto cartel de Medellín fue afectada con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro", manifestó la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, Liliana Patricia Donado.
La funcionaria indicó que "el predio es explotado comercialmente" por el hermano del capo "como un museo que era visitado por turistas" y que el individuo "desplegó distintas acciones para mantener el dominio sobre el bien".
La Fiscalía indicó que el predio fue adquirido por Pablo Escobar con dineros del narcotráfico y puesto a nombre de testaferros.
Tras la muerte del capo, la propiedad estuvo a nombre de distintas personas.
Según la Fiscalía, el hermano de Pablo Escobar "ha ocupado de manera ininterrumpida (la propiedad), ha promovido varias mejoras y adecuaciones y logró que en los registros públicos quedara a título de una mujer, quien funge como propietaria".
La ocupación del inmueble se produce casi tres décadas después de que Pablo Escobar fuera abatido a tiros en el tejado de una casa cuando trataba de escapar de una operación policial que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1993 en Medellín.
Años después de la muerte de Escobar familiares organizaron un paseo turístico por Medellín centrado en la vida del mayor narcotraficante de Colombia, ruta que incluía el "museo" ocupado por la Fiscalía.
Su hermano Roberto, hoy de 76 años y medio ciego a causa de un paquete bomba que le mandaron cuando estuvo en la cárcel, manejaba la propiedad en la que exhibía decenas de objetos relacionados con el capo del narcotráfico, entre ellos un automóvil, una motocicleta o una montura para caballos.
El "museo", por el cual se pagaba la entrada, era visitado especialmente por turistas extranjeros a pesar de la oposición de las autoridades de Medellín que han querido dejar atrás el pasado de narcotráfico y violencia de la ciudad.
Según la Fiscalía, la propiedad pasará a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se ocupa de administrar los bienes incautados a la mafia.