Un nuevo caso de corrupción ha sido revelado por la Fiscalía General de la Nación, involucrando al fallecido zar de las esmeraldas Víctor Carranza, su abogado de confianza y un comerciante de piedras preciosas. La investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció un entramado en torno a la adjudicación irregular de terrenos baldíos en Puerto Gaitán, Meta.
En 1992, a través de su abogado Fernandel Alonso, Carranza recibió 26.939 hectáreas de terrenos baldíos en esa zona rural. Se presume que la negociación se dio aprovechando la norma que facultaba al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), a entregar estos terrenos a habitantes de la región que no los tuvieran, con el compromiso de no comercializarlos antes de 15 años.
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Al parecer, Alonso logró que 27 personas, entre empleados y conocidos de Víctor Carranza, fueran reconocidos como locales para acceder a la mencionada extensión de terreno, la cual fue vendida 12 años después (2007) a cinco ciudadanos del círculo cercano del esmeraldero boyacense, entre ellos un médico veterinario, un escolta y tres esmeralderos, por un valor pactado de 743 millones de pesos.
Los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplieron en una notaría de Villavicencio (Meta) y en registros públicos de Puerto Gaitán. La Fiscalía tiene información de que en esta negociación habría participado también el comerciante de piedras preciosas Jaime Rojas García.
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Rojas García y Fernandel Alonso fueron imputados como posibles responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado, cargos no aceptados por Alonso. Debido a que Rojas García decidió ausentarse de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía inició un nuevo proceso penal en su contra por el delito de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.
La investigación también apunta a la aparente participación de varios empleados de una notaría de Villavicencio (Meta) que habrían avalado los trámites que permitieron que los terrenos en cuestión fueran usufructuados de manera irregular por más de 20 años, hasta que en febrero de 2015 se anularon los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión.
Se determinó que varios de los beneficiarios no residían ni tenían una actividad económica en la región, y que se habría recurrido a poderes falsos, muchos de estos firmados por personas ya fallecidas, documentos con huellas ilegibles, entre otras irregularidades. Estas maniobras habrían permitido que Rojas García incrementara su patrimonio de manera injustificada en más de 6.000 millones de pesos.