El Fiscal General, Francisco Barbosa, expresó críticas hacia las declaraciones hechas por el líder del ELN, Antonio García, con respecto a los requisitos de financiación para renunciar a los secuestros con fines extorsivos.
En relación con esto, el fiscal calificó de desfachatez las condiciones del grupo armado que exige dinero como contrapartida para suspender estas acciones.
“Para mí una desfachatez más del ELN y por supuesto un rechazo de que a los colombianos de bien les metan la mano al bolsillo, personas que, además, están teniendo problemas por trabajo, personas que además están viendo con preocupación cómo sus finanzas quedan afectadas y ahora, hay que pagarle a la criminalidad”, afirmó.
Barbosa criticó tanto la actuación del ELN como del gobierno en las mesas de negociación de paz, argumentando que, en su opinión, "la gravedad radica en que hay como 3 ELN, uno que no está en la mesa y otros que no participan en la mesa y dan diferentes posturas".
Las críticas también fueron dirigidas al gobierno, donde Barbosa afirmó que "lo que está haciendo es aplazar y aplazar decisiones alrededor de lo que ocurre sin darle certeza a los colombianos de lo que va a aportar a la denominada paz total, que lo repito: es una paz criminal en todo el territorio nacional".
El fiscal expresó su descontento con el programa Jóvenes en Paz del gobierno Petro, donde se pagará un millón de pesos a personas de 18 a 25 años para que dejen de participar en actividades criminales, alegando que al gobierno le resulta difícil manejar el orden público.
“En vez de pensar en la gente de bien, en vez de pensar en aquellos que requieren que les den la mano amiga del Estado, básicamente les van a regalar un millón de pesos mensuales para efecto de que puedan tomarle el pelo al Estado colombiano y seguir generando una situación de zozobra y de violencia en el territorio nacional”, agregó el fiscal.
En conclusión, cuestionó las decisiones relacionadas con los cambios en la dirección de la DIJIN de la policía, afirmando que "Nunca había pasado eso, es decir, cada tres o cuatro meses cambien al director de la DIJÍN que es el que tiene que trabajar de la mano con la policía judicial de la Fiscalía General de la Nación, es como si existiera una estrategia intencionada de querer desmantelar la investigación judicial en el país".