Mayor autonomía y recursos para los territorios en línea con los principios de descentralización establecidos en la Constitución de 1991, siguen siendo las exigencias de los gobernadores. El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Amaya, defendió que se incremente la asignación de recursos desde la Nación a los entes territoriales para atender áreas clave como la educación, la salud, el saneamiento básico y la infancia en las regiones.
Amaya enfatizó que la promesa de descentralización sigue sin cumplirse después de más de 30 años, y ha subrayado la importancia de retomar estos principios. “No estamos pidiendo recursos para gobernadores o alcaldes, sino para invertir en educación, salud, saneamiento básico y niñez en las regiones”, declaró el dirigente en un pronunciamiento público, reforzando la necesidad de atender las necesidades de las zonas más desfavorecidas del país.
En respuesta a las críticas sobre la viabilidad económica de este proyecto, en particular las formuladas por la senadora Angélica Lozano, quien ha planteado preocupaciones sobre el impacto fiscal, Amaya defendió la reforma al Sistema General de Participación.
Según el también gobernador de Boyacá, otorgar más capacidades a los territorios no solo favorecería el desarrollo local, sino también contribuiría a mejorar la recaudación fiscal y el crecimiento económico del país. “Las economías más importantes del mundo tienen sistemas descentralizados de recursos con autonomías territoriales”, agregó.
Amaya negó que se necesite una nueva reforma tributaria para llevar a cabo estos cambios, argumentando en su lugar por una revisión de los tributos a nivel departamental. En su opinión, una implementación gradual, en un plan a 10 años, sería suficiente para que los territorios asumieran nuevas responsabilidades sin afectar gravemente las finanzas nacionales.
Explicó que, con una descentralización efectiva, el gobierno nacional podría ver reducidos sus ingresos, pero también sus competencias. Este planteamiento permitiría una redistribución de funciones y recursos de una forma más equitativa entre los niveles nacional y regional.