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Campaña Gustavo Petro

Fecode respalda a Gustavo Petro tras cargos del CNE por financiación en campaña de 2022

Fecode, a través de su presidente, Domingo José Ayala, ha expresado su apoyo al mandatario, negando cualquier irregularidad en los aportes del sindicato.

Foto:Alternativa/Hansel Vasquez

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha iniciado una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de los topes de financiación durante su campaña presidencial de 2022. Según el CNE, la campaña habría superado los límites establecidos por más de 5.000 millones de pesos, y entre los fondos involucrados se encuentran recursos provenientes del sindicato de educadores Fecode.

Domingo José Ayala Espitia, presidente de Fecode, manifestó su respaldo a Petro durante la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio en Bucaramanga. Ayala aseguró que “los maestros están en alerta y defienden al presidente Gustavo Petro”, enfatizando la postura del gremio frente a las acusaciones. Ayala también ratificó que la Asamblea Nacional de Fecode aprobó un auxilio para la campaña de Colombia Humana.

Ayala también calificó las investigaciones como una persecución política y señaló que los aportes del sindicato se realizaron en el marco de la ley. “No se ha cometido ningún delito, sino que lo hicimos en el marco de la ley, a través de la escritura pública”, afirmó el presidente de Fecode, asegurando que el gremio está tranquilo y confía en que el proceso demostrará que los recursos fueron entregados de manera adecuada.

Por otro lado, el ministro de Educación, José Daniel Rojas, también se pronunció sobre el caso y cuestionó la legitimidad del CNE para investigar al presidente Petro. Según Rojas, “la CNE es un órgano administrativo conformado por políticos que fueron derrotados en las urnas”, y añadió que estos funcionarios carecen de autoridad constitucional o legal para llevar a cabo la investigación.

Las investigaciones del CNE indican que la campaña de Gustavo Petro habría recibido aportes de personas jurídicas, lo cual está prohibido por la ley electoral. Además, la campaña habría excedido el presupuesto permitido por la normativa, lo que motivó la apertura formal de la investigación.